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Mientras los ministros del TSJE dictan cátedras de honestidad, aparecen cada vez más documentos que los embarran por completo.

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Por ejemplo, Migraciones entregó a la Fiscalía los días en que María E. Wapenka se ausentó del país. Coincide su supuesta participación en actos en el interior.

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Sus colegas Ramírez Zambonini (PLRA) y Jaime Bestard (ANR) son investigados también por este tipo de prácticas y otro tipo de irregularidades. Incluso Zamboron bom bom ya está imputado.

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En una sorpresiva “cumbre” de los tres poderes del Estado se firmó un pretensioso acuerdo que busca “desarrollar el país”, “fortalecer las instituciones públicas” y “combatir la pobreza”.

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Hasta el momento lindas poesías. Pero por ejemplo Achecé ya puede poner en práctica hoy mismo. Ahí está su asesor político “Bachi” Núñez, líder de un clan familiar que utiliza la Opaci para meterles la mano en el bolsillo a los contribuyentes de los municipios.

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La “cumbre” se limitó ayer a una firma de un acuerdo. Hasta donde se sabe no hubo discusión de los documentos, como debe ser. Todo parece indicar que se trata a un avant-première del juicio político y de la enmienda constitucional para permitir la reelección presidencial.

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La ministra de Educación Marta Lafuente –prima del presidente Horacio Cartes– cree que la gente es tonta. Dice que hay que respetar el libre mercado, la libre competencia y que para eso se hacen los llamados a concurso de precios.

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Debemos recordarle a la ministra que el libre mercado es oferta y demanda. Si el precio es alto, la demanda puede decir “no me gusta” y no compra. De lo contrario es monopolio o negociado. El precio es el resultado de la oferta y la demanda. El agua cuesta dos mil y al MEC le ofrecieron a 10.000 y ella aplicó la ley del ñembotavy o la ley del avestruz.

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Lo mejor que puede hacer es renunciar al cargo. Ayer los colorados en Diputados fueron los primeros en solicitarle informes sobre los altos precios del cocido y las botellitas con agua.

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Los correligionarios y amigos del poder al inicio de mandato siempre piden cargos. Las binacionales y el TSJE son las instituciones más requeridas. Ahora todos apuntan al Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA). La titular gana nada más y nada menos que G. 32 millones, más que un ministro del Ejecutivo.

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El IPA depende del Ministerio de Industria y Comercio. ¿Sabía el ministro Leite del salario de la responsable del citado instituto? ¿No le llamó la atención el monto?

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A qué manoseo inútil se le sometió a los contribuyentes de Asunción con el tema de la perforación del registro de conducir. Nunca hubo una voz única y certera.