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La caradurez de esta gente no tiene límites. Inclusive después de que se les descubren sus fatos, pretenden dar cátedra de decencia, como si no hubiese pasado nada.
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No hay que perder de vista que la desvergüenza de estos personajes solamente es posible por la impunidad de la que gozan. Quienes tienen la obligación de ponerlos en su lugar, autoridades de los partidos políticos y parlamentarios, se hacen los desentendidos, por lo cual no cabe otra conclusión de que se deben favores mutuamente. O sea, son cómplices.
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Mientras los reclusos del Centro Educativo de Itauguá huyen casi en masa ante el hacinamiento y la falta de programas de reinserción, la nueva ministra de Justicia regresó ayer de un recorrido por España. Fue el cuarto viaje al exterior en menos de tres meses. ¡Qué generoso el pueblo!, ¿verdad?
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La jefa de Recursos Humanos del Hospital de Lambaré ya ubicó a casi toda su parentela en ese centro asistencial público, pero no como simples funcionarios, sino como jefes de secciones. Cuando alguien le reclama algo, esta funcionaria se jacta de ser protegida del futuro senador Antonio Barrios. ¿Será? ¿Puede un país seguir así?
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Al presidente de la Cooperativa 8 de Marzo, senador colorado y comisario retirado Carlos Núñez, se le ve regularmente por su valle San José de los Arroyos, haciendo sospechosas muestras de generosidad económica. Así, por ejemplo, repartió lotes de camisetas a todos los clubes de la Liga Sanjosiana de Fútbol.
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El viernes último se vio al senador-comisario repartiendo muebles, mesas y pupitres en algunas escuelas de San José, en compañía del jefe del Registro Electoral, un tal “Ringo”, en horario laboral. El funcionario fue su candidato en la interna colorada y ya en ese tiempo utilizaban un móvil de la cooperativa para el proselitismo. Los pobladores no están muy seguros de que el dinero salga del bolsillo del parlamentario.
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En el Ministerio de Industria y Comercio se quejan amargamente de un tal Alipio, secretario del viceministro Stark, quien supuestamente no firma las autorizaciones para el pago de bonificaciones de los funcionarios, y el retraso ya sería de tres meses.
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Los cambios que espera la ciudadanía en el Poder Judicial están cada vez más lejos. El problema es que algunos políticos anteponen al interés general sus intereses personales o partidarios. Están pensando en quién van a “colocar” en el cargo, antes que en cumplir con su deber constitucional.
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La Cámara de Diputados pidió recientemente informes a la Justicia Electoral sobre funcionarios permanentes y contratados. Sería bueno acceder a dicho informe y que sea bien detallado, porque es un secreto a voces que gran cantidad de funcionarios de esa institución son recomendados de los legisladores.
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Otro calvario les espera hoy a quienes deben trasladarse hasta la capital, ya que continuarán las manifestaciones y bloqueos de calles, de cooperativistas y campesinos, según se anuncia. Alguien debería llamar la cordura y plantear un diálogo parar poner fin a esta situación. Tal vez algún ministro o el Presidente. Pero, ¿no estarán muy ocupados?
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¿Qué habrá sido del “Centro de Gobierno”, esa estructura paralela al Gabinete de ministros que el presidente Horacio Cartes creó en febrero de 2014? Que se sepa, nunca rindió públicamente un informe sobre actividades y logros. ¿No era que en este gobierno “lo público es público?
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Según dicen en el ambiente político, el pedido de interpelación a la ministra de Educación, Marta Lafuente, se aprobará. Los legisladores, especialmente del oficialismo, tienen varias cuentas pendientes con ella, porque “no les atiende el teléfono”.
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El voto de censura es casi seguro. La incógnita es si el presidente Cartes le hará caso a esta postura del Senado y destituirá a su integrante de “la selección nacional”.