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El Gobierno del presidente Cartes sigilosamente está impulsando el disparatado proyecto de un centro cívico alrededor del Puerto de Asunción.

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Esta idea le surgió a algún capo del Gobierno yendo de paseo por Puerto Madero en Buenos Aires. El BID enseguida proveyó los fondos. Se hizo una licitación internacional y les adjudicaron a unos arquitectos argentinos.

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Todo esto que está sucediendo es un homenaje del Gobierno a los arquitectos e ingenieros paraguayos y a los estudiantes de Arquitectura e Ingeniería.

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Con guacha en mano, la intendenta de CDE Sandra McLeod sacó a sus “policías municipales” para clausurar negocios que se opusieron a “su” asueto.

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Una medida totalmente arbitraria adoptó Sandra al declarar “asueto” comercial también para el sector privado. Desafía la inteligencia humana.

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Llamativamente Sandra nunca sale a hablar a través de los medios que quieren hacerle preguntas periodísticas. Siempre utiliza un intermediario, si no es el marido Javier Zacarías Irún, es algún encargado de comunicación.

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Vamos a ver si los 15 miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados tienen el coraje de impulsar el juicio político al ministro de la Corte Raúl Torres Kirmser por “abuso de poder”.

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Un grupo de legisladores presentó un pedido de juicio para Torres Kirmser, Antonio Fretes y Alicia Pucheta de Correa, pero el expediente dueeerme.

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Esta tarde prosigue en el Senado el juicio político contra el ministro de la Corte Sindulfo Blanco. Aparentemente no estarán 23 legisladores, que es el quórum para iniciar la sesión y 30 para la remoción ¿Por qué quienes se oponen a la destitución de Blanco no dan la cara? ¿O acaso es indefendible?

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Hasta el momento exponen puras excusas para mantenerlo en el cargo. Entonces, optan por no asistir a la sesión extraordinaria.

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Cuentan los que saben que uno de los tantos jefes policiales que presta servicios en el Palacio de Justicia maltrata a sus subordinados. Además, les obliga a tener doble y hasta triple turno.

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Una economista francesa dijo que es fundamental la voluntad política contra la corrupción. Ojalá que Achecé haya leído la entrevista para que tome conciencia de que tiene como asesor político a “Bachi” Núñez, uno de los dueños de la Opaci, organismo que sin permiso les mete la mano en el bolsillo a los contribuyentes municipales.

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¿A cambio de qué el ciudadano paga G. 10.000 o G. 20.000 a la Opaci por cada renovación o expedición de registro de conducir? Lo recaudado va directamente al bolsillo de los amigos del poder.

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