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Una de las formas más fácil de ordenar el tránsito es poner rayas señalizadoras en las calles. La mayoría de nuestras avenidas permite el paso de tres filas de vehículo. No se arman tres filas por la sencilla razón de que hay una sola raya pintada en el medio.
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La avenida España es un ejemplo; desde San Martín hasta Estados Unidos permite perfectamente tres líneas de vehículos. Valdría la pena que la Municipalidad ponga especialistas en este tema a trabajar; tal vez adoptando algunas pequeñas correcciones se puedan lograr mejorías importantes en el tránsito.
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El Indert debería mudar su local más hacia el centro, cerca del Palacio de Gobierno. También tendrían que hacerlo el Ministerio de Educación y el Ministerio de Agricultura, todos cerca del Palacio de Gobierno.
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Así tendríamos, por una u otra razón, farra constante en el centro mismo de la ciudad. De ninguna manera tendrían que ocurrírseles a los funcionarios del Gobierno, pensar en construirles a estas instituciones sus locales en sitios adecuados donde la gente que depende de ellas tenga fácil acceso.
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Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene unos 30 locales alquilados desparramados a lo largo y ancho de Asunción, y cualquier docente u otra persona interesada en hacer un trámite se pasa días gastando zapato para recorrer los diferentes departamentos. Falta pienso.
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Hoy el Senado define si interpela al ministro de Obras Públicas Jiménez Gaona sobre la aparente “tragada” de dinero para obras del río Pilcomayo.
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Aparentemente no se reúnen los 30 votos necesarios e inclusive se duda del quórum. Así las cosas, quedará impune el millonario fondo que debió destinarse a obras para que las aguas del Pilcomayo ingresen a territorio paraguayo.
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Donde hubo también “tragada” y no macana fue en APA (Autores Paraguayos Asociados). Los muchachis se llevaron “distraídamente” G. 1.800 millones y hoy hay solo G. 40 millones.
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La partitura está ahora en el escenario de la Fiscalía de Díaz Verón. Vamos a ver a quienes le imputan.
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A los partidos tradicionales no les gusta para nada el proyecto de financiamiento político que busca transparentar sus gastos en campaña.
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Varios de los candidatos obtienen fondos del narcotráfico y otros delitos, y por ese motivo no saben cómo justificar el origen del dinero. Pero consiguen su objetivo de ocupar una banca electoral por encima de otros postulantes que son mejores, pero que no cuentan con el caudal monetario.