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Mientras el EPP sigue haciendo de las suyas, los militares se dedican a espiar las comunicaciones de los periodistas y por qué no de políticos.

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A todo el país le golpeó esta nueva tragedia y eso se pudo percibir inmediatamente en las redes sociales con la manifestación de la ciudadanía.

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Según los cálculos de la oposición, cerca de US$ 70 millones ya le costó al pueblo paraguayo la Fuerza de Tarea Conjunta en apenas dos años.

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¿Cuánto dinero necesita el Gobierno para recuperar a los tres secuestrados y eliminar al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo? ¿O falta capacidad o están morfando la plata como locos a costa del EPP?

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Algo raro está pasando. Vamos a ver qué medidas toma Achecé.

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Pocos son los legisladores que tienen la capacidad de sentar postura y sugerir posibles soluciones. Algunos parlamentarios solo abren la boca para decir groserías. Pero cuando ocurre un hecho de esta magnitud se esconden porque no saben qué decir.

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Es decir, les importa un comino la vida nacional y el sufrimiento de millones de paraguayos. Solo están para defender sus intereses personales o sectoriales.

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Esperemos que la clase política no siga perdiendo el tiempo en discutir la enmienda. El país necesita seguridad, empleo, calidad de vida, etc.

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Luego de cuatro meses prosigue el martes en el Senado el juicio político al ministro de la Corte Sindulfo Blanco (PLRA). Vamos a ver cómo justifica la defensa legal el mal desempeño de funciones que habría cometido Blanco, en otros cargos, tal como sostiene la acusación de la Cámara de Diputados.

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Se requieren 30 votos de un total de 45 senadores para destituir al ministro de la Corte. Según parece faltan uno o dos. Tras el rechazo de la enmienda constitucional, el tablero político en la Cámara Alta podría cambiar.

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A contrarreloj se está estudiando en el Congreso el proyecto de ley que busca que varios narcotraficantes sean sobreseídos en diversas causales penales.

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Si el 7 de setiembre no se pone en vigencia la prórroga de dos años más de la ley, se extinguirán varias causas penales. Eso significa que se convertirá en una especie de amnistía o ley “pronarco”.

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En varias instituciones públicas las secretarias “VIP” tienen mucho peso político, no físico porque van al gimnasio. Hay rubro para ellas pero no para pagar horas extras a los verdaderos trabajadores.

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Cuentan los que saben que en Senadis se llamó a licitación para comprar sillas de ruedas y habrían hecho ganar a una firma. Así dicen.

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La ciudadanía está esperando un informe de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para confirmar si la denuncia es cierta o no.