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Obvio que los generales y jefes policiales no empuñan el arma ni van al terreno, pero deben permanecer en el Puesto de Comando (PC) de Horqueta al menos.
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La presencia de los comandantes en PC no solo transmite seguridad a las tropas, sino también asegura que las órdenes lleguen en forma correcta y precisa y que sean cumplidas.
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Zacarías Irún, luego de hablar con Achecé anoche, dijo que el Gobierno le está pisando los talones al EPP. ¡Qué largos son esos talones porque funcionarios de gobiernos anteriores ya decían eso!
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¿Por qué le hicieron callar al vocero de la FTC y en su reemplazo el único autorizado es el ministro del Interior? Algo raro pasó ahí y nadie informa.
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En el Congreso hay visiones totalmente distintas. En Diputados, donde hay mayoría colorada defienden a muerte a Achecé y por poco no dicen que los políticos de la oposición dispararon contra los militares.
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En el Senado, las fuerzas están más equilibradas aunque la mayoría instó al Ejecutivo a pedir la destitución de los principales comandantes policiales y militares y del ministro del Interior, Francisco de Vargas.
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“Lacre” Núñez por ejemplo pidió que resucite el dictador Alfredo Stroessner. ¡Mamá querida!
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Mañana, la Cámara de Diputados trata el proyecto de ley que busca favorecer a los narcos y supuestos autores de megafraudes. Vamos a ver de qué lado están los parlamentarios.
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Es muy probable que algunos diputados se ausenten y que otros se abstengan, porque permitir que los sospechados de corrupción queden libres es buena fuente de financiamiento con miras a campañas políticas.
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Vamos a ver si el Senado prosigue hoy el juicio político al ministro de la Corte Sindulfo Blanco (PLRA). Desde hace cuatro meses dan vueltas y vueltas con este tema. Evidentemente que varios legisladores le deben muchos favores a Blanco.
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Varios jueces están cansados de recorrer los juzgados del departamento Central y recurren a parlamentarios para que sean trasladados a Asunción. Con este tipo de maniobras no se logra la famosa independencia de los poderes. Y después se quejan de que los políticos meten la mano en los casos.
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Mientras la atención se centra en el norte de la Región Oriental, los ministros del TSJE están felices porque se salvan de la divulgación de sus “fatos”. La ciudadanía sigue esperando que la Fiscalía de Díaz Verón impute a Wapenka y a Bestard’i.
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Hasta devolvieron los viáticos que cobraron indebidamente en busca de evitar la imputación. Esto en realidad es un reconocimiento a cara descubierta del delito.