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Bóxers, perfumes y otros artículos íntimos fueron algunas de las adquisiciones que militares realizaron con el viático que se les entregó para cumplir misiones fuera del país.

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Uno de los casos donde se presenta rendición de cuentas del dinero público que se les confió revela que en tres días compró productos cosméticos como para abrir una tienda: usó 5 pastas dentales, 14 jabones de tocador, 4 champús y 4 acondicionadores de pelo.

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Ni punto de comparación con la situación de algunos centros de salud, especialmente del interior del país, donde se necesitan de insumos básicos para atender la demanda de la población más vulnerable, pero por falta de presupuesto no se les proporcionan y la gente se ve obligada a comprar esos insumos.

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Parecería que nuestro país está condenado a vivir en la impunidad. Un claro ejemplo es lo que ocurre en la Justicia Militar. Mejor dicho, lo que no ocurre en esa dependencia.

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La Fiscalía de Delitos Económicos le había derivado hace varias semanas una denuncia por supuesta malversación contra el capo de las Fuerzas Militares, Luis Gonzaga Garcete. Pero hasta ahora silencio total.

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En el Senado hace muuuuucho tiempo que está pendiente el juicio político a tres ministros de la Corte Suprema. Quienes deben pronunciarse sobre esa acusación se pasan hablando de esto y de aquello, pero a la hora de tratar el tema dejan sin quórum la sesión.

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Ahí están también los tres miembros del TSJE, cuya imputación por fraude con viáticos la fiscalía viene dilatando hasta no se sabe cuándo.

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También la impunidad reinante alienta a ciertos personajes a manifestarse alegremente a favor de sistemas dictatoriales que provocaron la diáspora, desapariciones, asesinatos, despojos de bienes, clausura de medios de comunicación, torturas y persecuciones durante 35 años.

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Esas reacciones también se dan porque no hay justicia en nuestro país. Denuncias y recomendaciones para rectificar situaciones injustas duermen en la fiscalía y los juzgados, quizás a la espera de algún incentivo o cosas por el estilo.

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El intendente de Villa Elisa, un tal Estigarribia, ya no siente los baches que hay en su municipio desde hace unas semanas, pues se compró una camioneta todo terreno 2017 de US$ 120.000. Al parecer es muy buen ahorrador, pues sus conocidos recuerdan cuando andaba en moto hace unos años.

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Un exdirector adjunto de Aduanas se volvió uno de los más críticos de la institución, pese a que durante su gestión, el muy caradura, solucionó de por vida sus problemas financieros haciéndose el ciego y sordo. Esto sin mencionar que metió a sus hijos en la institución para que sigan sus pasos.

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Otros magos de las finanzas de la DNA son “los gemelos 20%”, comisionados del Poder Judicial con sueldos mínimos pero con vehículos japoneses modelos 2016. Son especialistas en resolver sumarios, dicen los muchachos. Más datos con Lledó y Fanego.

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Usuarios del transporte público se quejan de que algunas unidades que brindan el servicio diferencial polarizan las ventanas de sus vehículos, lo cual crea dificultades al usuario para conocer por dónde están transitando y el lugar donde tiene que bajarse. Eso ocurre especialmente por la noche, indicaron.

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¿Por qué será que algunos militares retirados con alta graduación siguen contando con el servicio de chofer de unidades militares?

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Algunos incluso asisten a reuniones políticas de futuros candidatos presidenciales siendo trasladados por sargentos y suboficiales de las FF.AA. en actividad.

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El próximo 11 de septiembre el partido de gobierno celebrará 129 años de fundación. Algunos críticos de esa agrupación manifestaron que no hay motivos para festejar, puesto que están bien divididos. ¿Será?