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Achecé quiere pulverizarle al “obishpón” para que la candidatura del destituido presidente no tome vuelo. Al menos así se percibe a primera vista.

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Pero en realidad, el “Nuevo Rumbo” parece que le utiliza como excusa a Lugaucho para que la Corte le habilite a Achecé. Esa es la jugada.

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El cartismo recurrirá, en forma desesperada, a la certeza constitucional para que su candidato vuelva a presentarse tras el rotundo fracaso del rekutu.

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$i por ahí la Corte le habilita a Achecé, el “Chico 10” Filártiga tendrá que tragar públicamente sus dos dictámenes que niegan totalmente la posibilidad jurídica de que un Presidente de la República en ejercicio pueda ser reelecto bajo ninguna vía: enmienda o reforma.

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La pieza jurídica de Filártiga sobre la reelección es una joya. Digna de estudio en las facultades de Derecho. Sería interesante que divulguen para que los universitarios puedan discutir sobre el tema.

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El problema está en que el “Chico 10” aparentemente ya cambió de postura porque vio la luz del carti$mo.

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La ciudadanía tiene que estar atenta a lo que decide la Corte sobre este tema. Forzará al máximo para habilitar inconstitucionalmente a Lugo y Achecé.

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Algo raro está pasando en la Contraloría General de la República. Después de largas discusiones entre Intendencia y Junta Municipal de Encarnación se resolvió pedir que el ente contralor audite la gestión de la administración saliente ante sospechas de millonarios fatos. Sin embargo, la CGR resuelve auditar la gestión del actual intendente. Hmmm.

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También están en proceso varias resoluciones de auditorías de municipios administrados por intendentes no colorados. Hay serias sospechas de que todo eso apunta a cierto objetivo electoralista inmediato de determinado partido político.

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El “Chino” García se le está viendo en figurillas porque el Tribunal de Apelaciones reconfirmó que el entonces asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción no apeló la condena a favor de Ivesur.

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Y de paso también los contribuyentes de Asunción tendrán que soportar sobre sus espaldas el peso de los US$ 3,6 millones. Un golazo que dejó entrar el actual contralor general.

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¿Por qué el Poder Ejecutivo no quiere divulgar la lista de “planilleros” del Estado? ¿A quiénes le tienen miedo? ¿Al electorado del sector público, el mismo a quienes recurrirán para el rekutu?

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El “superministro” López Moreira ensaya todos los justificativos posibles ahora. Pero en febrero se mostró bien decidido a divulgar la frondosa lista en momentos en que el Ejecutivo enfrentaba un conflicto con los sindicalistas de la ANDE.