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Este artículo tiene 9 años de antigüedad

La ley no existe para los diputados y senadores. Hacen lo que quieren: se autoasignan beneficios abusivos, les nombran a cualquiera en el Congreso, presionan, algunos utilizan de aguantadero la sede legislativa. Una vergüenza.

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Como nadie les pone coto y siguen desafiando la paciencia ciudadana, hasta alquilan edificios por montos millonarios para esconder a su clientela, ya que en la enorme sede legislativa, donada por los taiwaneses, ya no hay lugar a no ser que los “funcionarios” hagan turno de madrugada.

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El cartismo no desaprovecha ningún micrófono para repiquetear que hace un gobierno transparente, que la corrupción erradicó, mientras sus popes ganan millones con el Estado. Término como colusión no figura en el diccionario de López Moreira.

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A esto hay que agregar que en el Estado siguen los vicios de siempre en el manejo del dinero público, como las sobrefacturaciones, salarios millonarios a empleados privilegiados, planilleros, superposición de funciones, etc., ante lo cual la respuesta del cartismo es lo más fácil: elevar los impuestos.

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La insistencia con la reelección violando la Constitución, que plantean cartistas, luguistas y llanistas, está generando cada vez más la repulsa de los sectores ciudadanos. La jerarquía católica la rechaza con fuerza por lo que se ha escuchado en Caacupé.

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Pero los cartistas y luguistas hacen oídos sordos y no tienen vergüenza en evidenciar cooperación para salir con la suya.

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Qué fácil es esquivar a la justicia en este país. Basta con no hacerse encontrar. Que lo diga el funcionario Duarte de la Comuna de Asunción, pieza clave en el oscuro caso que involucra al actual contralor Enrique García y en el que los asunceños deben pagar US$ 3,6 millones a Ivesur, además de la periódica inspección técnica vehicular.

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El “superestatal”, diputado liberal Víctor Ríos, hasta por clases en que no enseñaba cobraba. Ni modo. Cómo podía hacer para ordeñar a los contribuyentes unos G. 68 millones mensuales.

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En el SNPP crece la preocupación de funcionarios de dicha institución que se quejan amargamente del retorno de ciertos “valores” de la entonces administración de Donato Dagogliano y Aniceto Ovelar. Vienen en busca de antiguos privilegios, dicen.

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También dijeron que el ministro de Trabajo, Guillermo Sosa, permite la violación de leyes al pagar en forma retrasada a numerosos instructores del SNPP y negarles el seguro de salud.

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Cuentan que nuevamente la funcionaria que figura en la oficina de la ONU pero trabaja en el Palacio de López con salario de diplomática prepara maletas para integrar la corte de HC que irá a París este martes. La chica llevará un jugoso viático para sus compras en el Champ Elysée, según anda alardeando entre sus compañeros. Más datos con su madrina, Leila.

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Y hablando de viajes, otro que prepara maletas es el director de Decretos de la Presidencia, quien permanentemente hace meter la pata a Cartes con los decretos. Viajará a Israel para aprender sistema de Innovación que nada tiene que ver con su trabajo. El paseíto es una gentileza que le consiguió Guillermo Sosa, comenta la muchachada.

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En Ciudad del Este opera impunemente una rosca mafiosa de fuerte$ tentáculo$ jurídico$. Allí un reconocido estudio de abogados maneja los hilos de las marcas a su antojo.

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En el tema de los receptores satelitales, por ejemplo, este bufete impone un peaje por cada aparato que ingresa al país, sin que les molesten entidades como Dinapi, DNA o Conatel. Hay que recaudar, argumentan.

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Los ascensos en las FF.AA. todos los años generan enojados por las supuestas arbitrariedades a la hora de elegir a los promovidos. El Senado debería mirar con mayor atención el tema para dar su acuerdo.