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Si es así, entonces tienen que identificar y cortar el servicio. Podría comenzar con las seccionales coloradas. Varias tienen líneas mau. En Nueva Italia, por ejemplo.
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Pobladores de varios barrios de Asunción por poco no nadan en cloacas como Tablada y Vista Alegre. Es una vergüenza cómo la Essap ejecuta obras con total desprecio a la ciudadanía.
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López Moreira supuestamente admite que ignora la Ley de la Función Pública, que prohíbe a los funcionarios públicos utilizar su autoridad contra un subalterno para realizar actividades políticas.
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Resulta llamativa la “amnesia” de López Moreira porque el titular de la Función Pública Humberto Peralta en su primer comunicado advirtió que esta práctica de obligar a firmar planillas para la reelección está prohibida. ¿No leyó?
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Diga lo que diga el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, llueven las denuncias de los funcionarios públicos por la presión que reciben de sus jefes para que firmen las planillas pro reelección presidencial.
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¿Quién será el funcionario que se suicide laboralmente presentando una denuncia? El primero que lo haga ganará el Nobel del Idiota.
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Un ciudadano concurre a la comisaría 7a. para denunciar el extravío de su cédula verde, acompañado de su documento de identidad y la habilitación del vehículo. Eso no les basta a los uniformados. Esclavos de su burocracia (de sus celulares) y la parsimonia que les caracteriza, piden como condición el “contrato de compra-venta” para registrar el hecho (o sea mover sus dedos).
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¿Y si es un robo de vehículo y el documento estaba adentro? Bueno, habrá que ir a rogarle al ladrón (sacar un aviso en los diarios) a que le devuelva el título para que ellos, en un arranque de bondad, se dignen a registrar el hecho. Así nos va en materia de seguridad ciudadana.
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La comunidad salesiana está en pie de guerra por la aparente intención de la Inspectoría de trasladar la comunidad del Salesianito a Don Bosco Róga y entregar la dirección del santuario a la Arquidiócesis. Estallaron las redes sociales esta semana.
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A los contribuyentes les cuesta en promedio G. 80 millones cada accidentado, la mayoría en motocicletas. Independientemente del coste, a alguna autoridad se le debe ocurrir poner en práctica las reglas del tránsito para frenar la “epidemia”.
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Varias veces hemos visto que motociclistas sin casco, con bebés incluso a bordo se desplazan en las narices de los “zorros grises”.