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A fines de diciembre los oficialistas lanzaron la campaña “Que la gente decida” y hablaron de “iniciativa popular” como si fuese que Achecé es popular.
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Ahora que ya hicieron el papelón y comienzan a saltar miles de irregularidades una más risible que otras, dicen que había sido no es una “iniciativa popular” sino un acompañamiento ñembo cívico.
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Hubiese sido más honesto denominar la campaña: “Que los cartistas decidan”. Ni siquiera los colorados porque los disidentes no quiere saber nada de Achecé y de los viajeros de Abu Dabi.
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Hay que esperar sentado a ver a quiénes imputan por este tema de las firmas mau en favor de la reelección. Si la fiscalía tiene los pantalones largos, debe actuar rápido. Pero....
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Ni las binacionales ya se salvan del proselitismo. Ayer en el pequeño aeropuerto de Itaipú, lado paraguayo, le esperaron con remeras alusivas a la reelección, pañuelos colorados y algunas hurras a Achecé.
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Uno de los más fervientes hurreros fue Pascual Domínguez Benítez, funcionario de Itaipú, testigo clave de un asesinato que involucró al marido de la “Madrina del Norte”, la diputada cartista Cristina Villalba.
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Mientras el senador Marito Abdo se mantiene férreo contra la reelección de Achecé, su hermano el titular de IPS, Benigno López, dijo que apoya el rekutu. Más vale, tiene millone$ de razones para hacerlo, de lo contrario será destituido. Sencillo es el tema.
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Como en la época stronista, los jefes militares están haciendo trizas la Ley Suprema de la Nación, que es la Constitución Nacional. Ahí está el caso del coronel Édgar Duré, de la Fuerza Aérea, preso hace 120 días en Viñas Cue por el solo hecho de no pasarle la mano a su comandante el general Piris.
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El comandante de las FF.MM., general Piris, tiene un nuevo apodo: “mil leyes”, en recordación al ministro de Defensa Hugo Estigarribia, quien acuñó la frase: “La palabra de un soldado vale más que mil leyes”.
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Codehupy anunció que está haciendo un informe en favor de los secuestrados. Ya era hora. Hace poco se acordaron de Juan Arrom y Anuncio Martí, refugiados en Brasil y prófugos de la justicia paraguaya por estar supuestamente involucrados en el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi.
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Este Páez Monges, exdefensor del Pueblo, tiene un santo aparte porque no pasa una semana sin que le descubran algún fato. Ahora había sido que autorizó la indemnización como víctima de la dictadura a una persona que efectivamente estuvo pero por tráfico de drogas. ¡Qué bárbaro! En realidad, no tiene sentido pagar a quienes lucharon por libertad, salvo aquellos que sufrieron un grave daño patrimonial.