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Felices los argentinos, porque habrá gran reparto de coimas a diestra y siniestra.
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Schiavoni, aparte de ser director ejecutivo de Yacyretá, es el presidente del PRO, el partido político del Presidente Macri. Según como se presentan las cosas, parece que los Lázaro Báez y Cristóbal López paraguayos van a continuar acompañando al gobierno de Macri.
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Es bueno recordar que cuando tuvieron que cambiar a Juan Schmalko como director paraguayo de Yacyretá, el ministro de Obras Públicas, Ramón Giménez Gaona, presente en la reunión, sugirió el nombre del Ing. Ángel María Recalde, y allí está.
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Recalde ya fue director de Yacyretá durante la época de Nicanor, y dejó el “grato” recuerdo de la famosa “Novación” que con su jefe acordaron con la Argentina, la que prácticamente entregaba Yacyretá a nuestros socios. Esa traición a la Patria felizmente no se consumó, porque el proyecto no fue enviado al Congreso a sabiendas de que iba a ser rechazado.
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Schiavoni sabe que está todo “arreglado” con los paraguayos. Seguramente que los consejeros Tiki Cubas y Gustavo Samaniego deben estar muy felices, viendo con las inmobiliarias cuáles son las estancias del Chaco que están en venta.
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Un juicio de quiebra confirmado en las tres instancias está sospechosamente retenido desde noviembre pasado en auditoría interna de la Corte, a cargo de un tal Mario que al parecer estaría cumpliendo la orden de algún ministro. Dicen que hay grandes intereses. Entre los acreedores está el IPS.
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El lugo-carto-lugo-llanismo anuncia de nuevo la presentación del proyecto de reelección vía enmienda. El hartazgo ciudadano sobre este tema no tiene nombre
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¿Será que no se dan cuenta de la inestabilidad política que crean? Y después HC pide que vengan inversores.
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Lo declarado por el ministro de Defensa Diogenes’i de que saldrían las FF.AA. a poner orden puede ser una chambonada o un sincericidio.
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En cualquier caso, fue muy grave y, como mínimo, debió poner su cargo a disposición
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El exintendente encarnaceno salió a decir algo originalísimo, luego de que se hiciera pública la auditoría a su gestión. “Es una persecución política”, afirmó.
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La ciudadanía encarnacena parece pensar otra cosa y se organiza para evitar la impunidad.