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¿Se los robarán? ¿Los gastarán en la campaña cartista en el 2018? ¿Los enviarán a las Islas Caimán? ¡Averígüelo Vargas!
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La Corte de los Milagros autorizó a HC a hacer uso y abuso de los bonos soberanos, pasando por encima de la autoridad del Congreso. ¿Habrá quién se anime a comprarlos?
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Además, los ministros volvieron a recurrir a la famosa “certeza constitucional”, con la cual el senadorcete Lucho González, en su momento, fungió de presidente de la República durante 4 años
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Ahora solamente falta que otra “certeza” diga que Cartes y Lugo pueden ser de nuevo candidatos a presidente en el 2018. Y si la Constitución dice lo contrario ¡peor para ella!
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Hablando de Cartes... ¿qué será de su vida? ¿No será que lo secuestraron y no quieren contarnos para que no nos preocupemos?
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Parece que la orden en el oficialismo de no hablar o directamente de desaparecer es terminante. Ayer, en la última sesión de este periodo de la Comisión Permanente, no estuvo ningún cartista y no hubo quorum. ¿Y la responsabilidad? Bien, gracias.
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Los carto-lugo-llanistas no se animan a presentar el inconstitucional proyecto de enmienda para la reelección aunque amenazan hacerlo en marzo.
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Tal vez, finalmente se imponga la sensatez o de pronto “vean la luz” y se den cuenta de que su plan es irrealizable y solamente traerá inestabilidad al país.
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Cada cierto tiempo, el MOPC realiza la licitación de rollitos de papel para el ticket de los peajes. Si no pueden descalificar a las empresas serias con precio de mercado, tranquilamente la declaran desierta para hacerles correr.
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Después, vuelven a llamar para que solo se presenten empresas de maletín amigas de la casa y con el precio groseramente sobrefacturado.
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El director de Transporte de la Fuerza Aérea, un tal Enrique, anda haciendo uso y abuso de su autoridad. Sin ordenar un sumario, se pasa acusando a los suboficiales más antiguos de ladrones, por la desaparición de dos cajas de cambio de dos camiones.
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Además, dicen, acosa a las mujeres militares. Una de ellas osó en rechazar su “invitación” y la mandó a arrestar dos veces en 48 horas por supuestas faltas.
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En su último informe al Congreso, el Ejecutivo se vanagloriaba de que redujo el precio del transporte público. En verdad, cada vez hay menos colectivos comunes y lo normal es que el usuario deba pagar G. 3300. O sea que el pasaje aumentó y mucho.