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Achecé, Lugaucho y “Kure Blanco” aprovecharán el otoño tropical de la ciudadanía para asaltar la Constitución Nacional.

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Ahora la estrategia es que gua’u el proyecto “murió” y cada uno por su lado. Lugaucho fue el vocero de esta falacia, con la cual intenta convencer a la gente.

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En realidad, están esperando el momento oportuno para dar el golpe a la Carta Magna y atropellar con todo. Ya están los 23 senadores.

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Es más, los imputados Víctor Bogado y Enzo Cardozo conseguirán el “perdón” de la Fiscalía porque ya “firmaron” que votarán por la enmienda.

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La ciudadanía tiene que ir preparando los carteles de no admisión en locales comerciales, como ocurrió en noviembre de 2013, para los senadores que violarán la Constitución con la aprobación de la enmienda pro reelección.

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Afara inscribió su movimiento en la ANR una hora antes del cierre para dar gua’u la sensación de que el proyecto cartista fracasó.

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A full están utilizando una estrategia comunicacional para desviar la atención y en el momento menos pensado aparecerá el proyecto en el Senado.

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Ojalá que la Cámara Alta se ponga los pantalones largos mañana y despoje definitivamente de la Opaci la arbitraria e ilegal atribución de cobrar entre G. 10.000 y G. 20.000 la gestión y/o perforación del registro de conducir, la transferencia de bienes raíces y operaciones de crédito (hipoteca).

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Cerca de G. 30.000 millones mensuales cobran los muchachos de la Opaci por este abuso. ¿Quiénes manejan esta plata? El clan Núñez: conformado por los colorados cartistas “Bachi” (asesor de Cartes), Ricardo y el imputado Óscar “Ñoño”.

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Ahora comparten el negocio con el diputado Ever Rivas porque le ubicaron a la esposa del legislador María del Carmen Benítez de Rivas (intendenta de Ybycuí) como titular de Opaci.

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¿Qué hacen con el dinero? Nunca explicaron. No sería raro que la “coima” repartan entre intendentes, concejales, algunos legisladores o por qué no que financien la enmienda inconstitucional.

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En la Caja de Jubilados Municipales hay molestias con los directivos porque algunas administraciones descuentan pero no envían el dinero y otros que pagan pero gua’u nadie recibió.

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Felicitamos a la Procuraduría General de la República por el fallo favorable a Paraguay sobre el caso Gramont Berres. Lo decimos sin ironía.

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Pero no olvidemos que el problema de fondo se inició por una deuda contraída sin aprobación del Congreso, como ocurre ahora con los bonos.

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