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Uno de los principales operadore$ de Bajac sería un tal Álvaro Q. Según los norteños está construyendo una lujosa casa en Concepción, que jamás levantaría con su salario de funcionario judicial, ni con los “jugosos” viáticos que recibe por viajes que supuestamente hace al interior acompañando a su jefe.
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La fiscala Victoria Acuña ya tiene lista una lata de pintura y un pincel para blanquear al exministro de Agricultura y actual senador liberal Enzo Cardozo, que es sospechado de una “tragada” de G. 30.000 millones cuando era secretario de Estado. Lo que le espera a los ciudadanos si Acuña llega a la Fiscalía General, cargo por el cual pugna con otro cien postulantes.
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El Ministerio Público a cargo de Díaz Verón no se está destacando precisamente por el impulso de causas contra “peces gordos” sino más bien por enfriar procesos. Uno de los beneficiados por la postura sumisa del fiscal general, que busca su rekutu, es el contralor Enrique García.
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La negligencia del “Chino” García como asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción obligará a los ciudadanos a pagar US$ 3,6 millones a la firma Ivesur.
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La investigación a García “duerme” en la Unidad de Delitos Económicos, ya que a la postura indiferente de los fiscales se suma la fuerte presión de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, entre ellos los senadores Ferreiro (Avanza País) y González Daher (ANR, cartista), que buscan proteger al contralor.
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Los abogados se preguntan si González Daher hace oficina en el Jurado de Enjuiciamiento o en la Fiscalía General, ya que con frecuencia visita a Díaz Verón. Dicen que el encuentro no sería precisamente para armar estrategias para condenar a los corruptos, sino totalmente lo contrario.
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En los pasillos tribunalicios se comenta que buscan conformar un tribunal a medida en el caso de unas 32 fincas (caso Ven Friul SA) que eran de la quiebra del Banco Nacional de Trabajadores y se vendieron en un remate. A través de un fallo fraudulento y gracias a presiones políticas, en primera instancia consiguieron anular la subasta pública y ahora pretenden integrar una Cámara de Apelaciones que confirme la sentencia de primera instancia. Detrás estaría una rosca conformada por abogados, políticos y autoridades judiciales.
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La sentencia de remate que anuló el juez es de 1998 y el pedido se presentó en el 2012, completamente fuera de plazo, lo que evidencia que el fallo se dictó bajo presión. La seguridad jurídica se mandó al tacho.