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Por eso es que las listas para intendentes o concejales a lo largo y ancho del país deben ser cuidadosamente analizadas por los ciudadanos que desean ver bien empleados los recursos de la Municipalidad y no se roben su patrimonio.
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Es costumbre desde hace 70 años que cuanto intendente o concejal que aterrice en algún cargo en algún pueblo o ciudad del país, lo primero que haga es ver qué terrenos municipales están disponibles para “manyucárselos”.
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Fíjense amables lectores de esta columna cómo mafiosos que ocupan cargos en la administración pública se mofan de la Constitución y las leyes del país. Fernando Nicora, cuando estaba al frente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, firmó en el 2013 un contrato de concesión irregular de un predio de esa institución para un extranjero paracaidista. Era por un plazo de 20 años.
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En ese lapso, el beneficiario iba a construir un shopping, tres torres corporativas, un área habitacional para empleados de la ANPP y un depósito.
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Nicora usó el “vueltito” que obtuvo de esa concesión para pagar un lugar en la Cámara de Diputados, donde hasta ahora tiene “fueros”.
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Se desató la persecución entre colorados en la Municipalidad de Asunción. Musculín no quiere saber nada de los que apoyan al exintendente Samaniego y ya removió a tres.
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Ahora va contra los que respaldan al concejal Dani Centurión, que hasta hace unos días formaba parte de su equipo y ahora pasó a la disidencia colorada.
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Achecé está con todo para tratar de dar vuelo a su candidato. En la seccional 11 volvió a criticar a los diarios y pidió no hacer caso a las encuestas. Sobre todo a aquellas que dan como perdedor a Peña.
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En España están furiosos con la diputada Tarragó. Fue invitada para participar de un encuentro de migrantes pero brilló por su ausencia en casi todas las jornadas.
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Las organizadoras aseguran que apenas estuvo unas horas en uno de los paneles y después salió de compras.
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La Cámara de Diputados empezó el reparto de dinero coincidentemente con el inicio de la campaña proselitista. Ayer autorizó un aumento de 10.000 millones de guaraníes al Jurado de Enjuiciamiento.
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También está pendiente un paquete de aumento a una partida de universidades del interior del país.