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Santi fue pillado in fraganti haciendo un copiatín para su programa de gobierno. Rápidamente lo tuvo que borrar para no dejar evidencia.

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La autoridad responsable debe poner letreros en la Avda. M. Lynch para indicar cuál es la velocidad máxima de circulación. Sin control, como está, en cualquier momento se podría producir un accidente grave.

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Igualmente, a lo largo de la Transchaco, desde el Botánico hasta Limpio, en el paseo central es necesario poner una cerca para impedir a los peatones cruzar en cualquier parte. Si de día es peligroso, a la noche y con ropas oscuras es un verdadero suicidio.

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Es que los consultores, arquitectos, ingenieros, planificadores de las rutas en el Paraguay no saben que hay gente de a pie, creen que nos movemos en helicópteros.

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O también podría ser, tratándose del MOPC, que las barreras que mencionamos hayan estado contempladas en los presupuestos; solamente que los fondos salieron del Ministerio... pero para cuentas particulares.

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Vuelve a haber una licitación para mantener abierto el cauce del Pilcomayo. Seguro que los de la “rosca vialera” están calculando cuánto y para quién en el MOPC irán las coimas para que la licitación sea adjudicada otra vez a señores que están en sus oficinas en Asunción con split.

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Efectivamente, a lo largo de los años, sistemáticamente el MOPC contrató a las empresas de la “rosca vialera” para trabajos en el Chaco. Rara vez, para no decir nunca, se les adjudicó a las empresas menonitas algún trabajo de importancia.

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La complicidad entre funcionarios del MOPC y los contratistas de la “rosca vialera” es fácil de demostrar. Por ejemplo, movimiento de suelo que los menonitas hacen por G. 8.000, la rosca le factura al MOPC por G. 30.000. Impresionante comilona.

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La ciudadanía debe estar atenta porque los partidos y movimientos políticos presentarán proyectos de ley de tinte electoralista. La mayoría de ellos relacionados con temas presupuestarios como el subsidio.

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En junio pasado se cumplieron nueve años de que la Fiscalía imputó a exconsejeros de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal por supuesta lesión de confianza, por la concesión irregular de créditos por más de G. 10.000 millones. Hasta el momento nadie sabe qué pasó con el proceso.

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La acusación fue presentada por la fiscala Victoria Acuña y luego sobrevinieron las recusaciones, primero al juez Óscar Delgado y, más adelante, a ministros de la Corte, situación que dejó paralizado el caso.

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En la farmacia del IPS de la localidad guaireña de Tebicuary algunos funcionarios hacen lo que quieren. Incluso dicen que son químicos farmacéuticos porque poseen un título kañy de una universidad clausurada.