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Esperemos que en algunas semanas no nos enteremos de que una vez más nuestros negociadores terminaron entregando al país.
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Así como atropellan para llevar adelante las obras en Aña Cua no sería raro que hayan incluido también alguna cuestión relativa a la deuda de 900 millones de dólares que reclama el consorcio Eriday-UTE.
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El canciller argentino admitió que estaban considerando el tema, pero se negó a explicar en detalle sobre el asunto.
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Ahora que se pidieron informes sobre la cantidad de empleados que tiene la Junta Municipal, Musculín Ramírez y sus aliados a todo trapo están pasando funcionarios de la Junta a la Intendencia de Asunción.
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Las denuncias indican que Musculín y su colega el concejal Ullón estaban metiendo a lo loco operadores políticos para tratar de asegurar votos para la diputación. Serían más de 300 nuevos funcionarios.
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Con el pedido de informe que hizo el concejal Arregui existía una seria amenaza de que el fato quede al descubierto, así que para no quedar pegados están pasando funcionarios de una planilla a otra.
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Osvaldo González, presidente del Consejo de la Magistratura, retiene con uñas y dientes los legajos de los candidatos a fiscal general del Estado. Por nada del mundo quiere dar detalles del proceso porque quedará al descubierto cómo se armó la terna a medida.
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Ahora tiene la oportuna ayuda de la jueza Karen González Orrego, que rechazó un pedido que hizo un grupo de abogados.
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La jueza sostiene que podría dañar la intimidad y hace tabla rasa de la ley de acceso a la información que claramente dispone que ningún documento público que no sea previamente declarado secreto por una ley puede ser negado.
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Además, al ser un concurso público, no se puede alegar derecho a la intimidad. Pero, como siempre ocurre en la justicia, los magistrados se acomodan convenientemente a las necesidades del poder de turno.
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Basta con mirar el expediente sobre el asesinato de Rodrigo Quintana. Ahí la fiscala Raquel Fernández se niega a hacer un cruzamiento de llamadas porque figuras cercanas al poder podrían quedar comprometidas. Qué lindo.
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En Colorado Añetete hay una orden expresa para que José María Ibáñez, el diputado acusado de estafa, no aparezca en los actos proselitistas para no afectar la campaña.
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Pero eso no impide que se avale y sostenga su candidatura para que sea reelecto y no pierda sus fueros. De lo contrario bien podría terminar en la cacerolita.
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Otro que también anda sudando frío es el senador Víctor Bogado. Parece que no está en la lista de senadores de Achecé y podría quedarse sin fueros. Si eso ocurre, la justicia tendrá allanado el camino para procesarlo.
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De un plumazo en Añetete bajaron la candidatura de Maru Crichigno. Cuentan que no solo no tenía votos sino que además varias carreras de su universidad están a punto de ser clausuradas porque fueron una verdadera estafa.
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Antes de que eso ocurra los colorados disidentes le pidieron que baje su candidatura y se mande mudar, porque si no podría afectar al candidato presidencial.
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El problema es cómo quedan las conver$aciones iniciales en que le aseguraban que tendría una banca en la Cámara de Diputados. Neeeegra está la morcilla.