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Los cambios que se están dando en el Ministerio Público y los que se puedan dar en el Poder Judicial, a raíz de los audios filtrados, deben servir para mejorar la administración de Justicia en el país. La ciudadanía debe mantenerse muy atenta para controlar que no salga una rosca y entre otra para manejar los procesos judiciales, en donde hay mucho dinero y que en todos los casos se reparten entre los políticos, como demostraron las grabaciones hechas al exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento.

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El Ministerio Público representa a la ciudadanía, según la Constitución Nacional de 1992, y por lo tanto debe defender sus intereses. Esto no ocurrió hasta ahora y difícilmente se dé, si la gente no controla de cerca y en forma permanente las nuevas designaciones en la Fiscalía.

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Se fue Javier Díaz Verón y lo nombró en su reemplazo a Alejo Vera, fiscal adjunto de Alto Paraná, en donde el Ministerio Público está más corrompido que en cualquier otra zona del país. En Ciudad del Este los fiscales se dedican casi exclusivamente a recaudar al otorgar impunidad a evasores, contrabandistas, lavadores de dinero, etc. Es por eso que se los conoce como “maletineros”, que tenían como jefe a Vera.

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Hace poco el diario Vanguardia publicó que algunos fiscales del Este tienen casas de más de US$ 300.000, y otros hasta en el Paraná Country Club, además de lujosos vehículos.

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De ahí viene Alejo Vera, en donde según los comentarios, trabaja con grupos de abogados vinculados con el diputado Hugo Velázquez, nada menos que candidato a vicepresidente de la República por Colorado Añetete.

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La primera determinación de Vera como nuevo fiscal general interino fue designarle en la Unidad de Delitos Económicos a la fiscala adjunta Rocío Cantero, de criticada actuación cuando era fiscala penal. Cantero siempre contó con la protección de Velázquez, y según fuentes judiciales, fue su padrino para que sea nombrada fiscala adjunta por la Corte. No hay que olvidar que duerme en Delitos Económicos una investigación por enriquecimiento ilícito a Velázquez.

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Algunos ganadores de las internas coloradas ya están consiguiendo resoluciones favorables para sus clientes que robaron al Estado. Entre ellos es seguro que los ciudadanos españoles que le vendieron helicópteros inservibles al Ministerio del Interior en la época de Rafael Filizzola, defendidos por el abogado Juan Ernesto Villamayor, serán beneficiados por los jueces y la Corte en el proceso por el perjuicio de G. 48.000 millones al Estado.

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Por otro lado, algunos senadores siguen sacando ventajas en procesos judiciales al congelar en la Cámara Alta el juicio político a tres ministros de la Corte (Óscar Bajac, Sindulfo Blanco y César Garay). Se benefician colorados disidentes, liberales y otros opositores.

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Esto constituye una parte del panorama nacional por el momento.