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Según la mayoría de los ministros de la Corte, los legisladores que ejecutaron el plan de Achecé y Lugaucho son casi monaguillos.
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En la Fiscalía todo sigue cabeza para abajo. La fiscala Victoria Acuña prestó su acuerdo para que el exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento, Raúl Fernández Lippmann, deje la cárcel de Tacumbú y guarde reclusión en su casa, en el proceso que se le sigue por enriquecimiento ilícito.
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La fiscala argumentó que Fernández Lippmann manifestó su intención de colaborar con la investigación en el caso de los audios filtrados en el que está procesado su exjefe, el imputado González Daher.
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Fernández Lippmann prometió contar con detalles el tráfico de influencia y los nombres de cada uno de los involucrados. Sin embargo, hasta ahora no lo hizo, pero ya fue “premiado” y consiguió su objetivo, que es salir de Tacumbú.
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Acuña cree que la ciudadanía no se percata de que todo se trata de una maniobra. Es absurdo premiar a un delator antes de que el mismo haya “cantado”. A no ser que haya recibido una orden.
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Antes de que se confeccione la terna para fiscal general del Estado, Fernández Lippmann en conversación con la agente Nadine Portillo ya anticipó que Sandra Quiñónez iba a ser la reemplazante de Díaz Verón por ser la candidata de Achecé.
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Pasaron los meses, Sandra fue elegida por Achecé y, así como están las cosas, mañana le prestarán el acuerdo en el Senado, asumirá en sustitución de Javier Díaz Verón y todo seguirá igual.
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Pese a caer derrotado su candidato Santi Peña en las internas, Achecé seguirá con poder. Eso ya se está anticipando. Hasta parece que le ordenó a Marito que no haga reuniones públicas con dirigentes.
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La pregunta es si Marito cumplió con la sugerencia de Achecé y sus asesores. La respuesta es sí. Es más, ya ni siquiera avisan a la prensa. Se creen ganadores de las elecciones generales del 22 de abril. ¿Será?
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Como pescadores de río revuelto, los “chupasangres” de la Opaci fueron a Diputados para pedir la destitución del contralor general, Enrique García, quien está imputado.
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Antes de apuntar el dedo acusador, deberían explicarle a la ciudadanía por qué les meten la mano en el bolsillo a los contribuyentes municipales sin motivo alguno y se embolsan G. 30.000 millones por año.
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El “chino” García debe pagar de su bolsillo los US$ 3,6 millones y los de Opaci devolverles a los contribuyentes municipales lo que ya se llevaron.