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Pedro Alliana y compañía están haciendo la vista gorda ante los casos del imputado senador Óscar González Daher, al acusado Víctor Bogado, el imputado diputado Carlos Núñez Salinas y el recientemente blanqueado José María Ibáñez.
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¿Para qué los partidos políticos incluyen en su organigrama el Tribunal de Conducta? Hasta el momento solo ha servido para perseguir a los afiliados que se oponen a la línea oficialista.
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El tribunal de la ANR a la velocidad de un rayo desafilió a Eduardo Petta y contrariamente nunca se preocupó de “limpiar” sus padrones de políticos que manchan a la nucleación política como González Daher, Víctor Bogado, Ibáñez, Núñez Salinas y otros.
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El PLRA desintegró su Tribunal de Conducta porque no tenía fuerza para sacarle a nadie. Castigó a los llanistas, quienes son una especie de sucursal cartista, pero la justicia les repuso en el cargo.
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Le preguntamos a los amables lectores si el diputado José Ma. Ibáñez (ANR, Añetete) será capaz de renunciar. Por si acaso “Nano” Galaverna está calentando al costado de la cancha.
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Ayer los senadores aprovecharon la tragedia para no sesionar. Varios proyectos de ley importantes tenían previsto tratar. Entre ellos rechazar la propuesta para que un tramo de la ruta bioceánica se denomine “Gral. Lino César Oviedo”.
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Ayer nuevamente ninguno de los tres miembros del TSJE quisieron exhibir las actas electorales, que habrían sufrido adulteraciones a cambio de dinero, según confesó uno de sus directores Miguel Iturburo.
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Hasta ahora un sector del Partido Colorado y las principales autoridades del Tribunal Electoral quieren hacerle creer a la ciudadanía que Iturburo es un “charlatán”.
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Estamos en la recta final del “blanqueo” a los amigos del poder. Uno de los últimos beneficiados es el ministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona. ¿Será un pago de favores de la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez?
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Hay varios casos en carpeta como algunos aduaneros, “magos de las finanzas”, el cruce de llamadas del 31 de marzo y 1 de abril de 2017, el asesinato al joven Rodrigo Quintana, entre otros.
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El llamado “Nicadrón” tiene un caso pendiente en Fiscalía por supuesto enriquecimiento ilícito.
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La ciudadanía debe preparar su bolsillo para mantener a más funcionarios públicos porque se pretende crear instituciones del Ejecutivo. Desde 1989 se va ampliando la clientela.