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Achecé se llenaba la boca de “sensibilidad social”, de trabajo “para la gente” y dejó en la calle a centenares de comerciantes. ¿Cómo se entiende eso?
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Aquí los únicos favorecidos son la empresa portuguesa Mota Engil, que aterrizó en Paraguay gracias al Gobierno de Achecé y sus cómplices.
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Había sido que la obra estaba asegurada por la firma de Juanca López Moreira, exhombre fuerte del cartismo.
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Esperemos que este mamotreto no quede impune y que los culpables paguen por los tremendos daños cometidos, no solo económico sino desde el punto de vista social inclusive.
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El clan Zacarías Irún le está ganando por goleada a la transparencia. Ayer logró una nueva victoria en la Cámara de Diputados, al congelarse el pedido de intervención para la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo de Sandra McLeod (ANR, cartista).
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Menos mal que el titular de la Cámara Baja es Miguel Cuevas (ANR, Añetete). Imagínense si presidía un cartista, ya le iba a beatificar a Sandra.
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Pero Cuevas también está metido en el entuerto porque la fiscalía no solo investiga al clan ZI sino también a él y al senador liberal llanista Dionisio Amarilla.
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Si avanza la investigación fiscal –actualmente paralizada–, no solo le alcanzará a los Zacarías sino también a Cuevas y Amarilla. Entonces, les conviene a estos políticos meter el tema en el freezer.
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Ahora aparece haciendo lobby a favor de los intendentes con pedidos de intervención la titular de la Opaci María del Carmen Benítez (ANR, cartista). Ella es intendenta de Ybycuí y esposa del imputado diputado Tomás Rivas (ANR, cartista).
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Varios motivos tiene para levantar su voz de protesta contra la intervención y la transparencia.
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Había sido que el dictamen, que remitió la Corte al Senado para tratar de impedir la publicación de las declaraciones juradas, hizo la ministra Gladys Bareiro de Módica. ¡Qué bien!
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Teníamos entendido que los ministros de la Corte apoyan la transparencia. Al menos ese discurso siempre pronuncian cuando se postulan al cargo.
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Mañana se realiza la audiencia preliminar sobre el asesinato del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana, ocurrido en la madrugada del 1 de abril de 2017.
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Esperemos que la justicia no solo castigue al o a los autores materiales sino también a los intelectuales. Para ello deben investigar el cruce de llamadas, que arrojan bastante luz sobre la cuestión. Para el crimen de Pablo Medina, el cruce de comunicaciones telefónicas fue vital para llegar a la verdad.