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Cárdenas se presentó y fue a Tacumbú. Otro mensaje que envía la justicia a los políticos.
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Desde el 15 de agosto hasta la fecha hay coherencia en las decisiones judiciales: los imputados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero van directo a Tacumbú, Agrupación Especializada y/o Viñas Cue. Nada de descansar en la casa.
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La ida de González Daher y su hijo, Díaz Verón, Ulises Quintana y ahora Cárdenas golpea fuerte en el clan cartista Zacarías Irún porque desde setiembre están siendo investigados por la Fiscalía por la misma causa que los anteriores.
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No sería nada raro que en cualquier momento Papá Noel traiga una imputación, que será sinónimo de cárcel. Tampoco se descarta un “blanqueo” como la nieve del Polo Norte.
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Hoy se presenta pedido de juicio político para los tres miembros del TSJE: Bestard (ANR, cartista), Ramírez Zambonini (PLRA) y Wapenka (PRF). Pero parece que irá al freezer directamente porque la mayoría de los colorados y liberales no están muy entusiasmados en castigarles a sus correligionarios.
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Llamativamente ayer dos diputados liberales visitaron el Tribunal Electoral. Hmmmm.
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Lo más probable es que uno o los tres miembros del TSJE “seduzcan” a algunos diputados con lo que más quieren: cargos para los correlís.
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Ramírez Zambonini tiene varias batallas ganadas al juicio político. Ni Calé pudo con él hasta ahora. ¿Cómo hace? Averígüelo, Vargas.
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Para alquilar balcones estará hoy la presencia de exministros cartistas en el Congreso Óscar Boidanich (Seprelad) y Santiago Peña (Hacienda) en la Comisión Bicameral que investiga la ruta del lavado de dinero del prófugo Darío Messer.
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Ayer Dani Correa, el titular del BNF, le culpó directamente a Seprelad (ergo: Boidanich). Veremos si este funcionario reparte la responsabilidad con Horacio Cartes, “hermano del alma” de Messer. Parece que se cumplirá la famosa frase: “Todos los caminos conducen a Roma”.
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El Ejecutivo le dio una “cachetada” jurídica ayer al Congreso con el veto total del proyecto de ley que intenta prohibir las encuestas electorales y compañía. Palabras más palabras menos, le acusó a la mayoría de los legisladores de cercenar la libertad de expresión, consagrada en el Art. 26 de la Constitución.
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Si los legisladores conocen la Carta Magna, entonces no pueden aprobar una ley como esta. Encima es un artículo que consagra uno de los preceptos más sagrados para el ciudadano: la libertad de expresión.