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Un sector le defiende a Jaime Bestard y el otro a Ramírez Zambonini. De yapa sale ganando aquí María Elena Wapenka, cuya silla está siendo serruchada por el Frente Gua’u.
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Había sido que “el hermano del alma” de Achecé, Darío Messer, es comprador de los bonos del Estado. Imagínense, a un prófugo de la justicia por uno de los casos de corrupción más grandes de América Latina el “Nuevo Rumbo” le extendió la alfombra roja para que lave su dinero.
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Hoy Messer es acreedor del Estado paraguayo. Si bien su nombre no está visible entre los compradores de bonos, hay tres inversores no identificados que podrían servir de pantalla.
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Con razón que Achecé se apuró tanto en la emisión de los bonos y celebró rápidamente su colocación.
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Ayer el extitular de Seprelad Óscar Boidanich y el exministro de Hacienda y precandidato presidencial de Cartes Santi Peña patinaron en el Congreso. Boidanich no supo qué decir cuándo se le cuestionó por qué no denunció que Messer metió plata en el sistema bancario nacional.
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Peña dijo que no era la tarea de Hacienda investigar quiénes son los compradores de bonos. Pero cuando se le consultó si el cártel de Sinaloa puede entonces comprar, contestó que no porque no le dejarán pasar la frontera ñandeko. ¿Y cómo llegó Messer al Paraguay?, ¿quién le trajo?, ¿en qué gobierno?, ¿vino en lancha, por tierra o en un jet privado?
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Otro ahijado de “La Madrina”, la diputada Cristina Villalba, está en serios problemas. Se trata del intendente de ex Puente Kyjhá Ariel Araújo (ANR, cartista), quien cayó preso ayer cuando estaba a punto de fugarse.
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Este muchacho fue denunciado por vaciar las arcas municipales para pagar aparentemente sus cuentas personales.
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Si el TSJE mantenía la misma “velocidad”, como lo hizo con Ciudad del Este a favor del clan Zacarías Irún, ya hubiese llamado a elecciones en ex Puente Kyjhá, hoy ciudad Francisco Caballero Álvarez.
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Uruguay le negó el asilo al expresidente peruano Alan García –investigado por corrupción– porque no es un perseguido político.
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Se puede concluir tranquilamente que el Gobierno uruguayo concedió asilo en aquella oportunidad a cuatro jóvenes paraguayos –que supuestamente habrían participado en el incendio al Congreso el 31 de marzo de 2017– porque eran perseguidos políticos de la administración de Horacio Cartes.