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Hay varias cuestiones que no cierran en el alquiler de la estancia del supuesto narcotraficante Cucho Cabaña, de cuyos detalles finalmente se pudieron saber ayer, luego de mucho batallar, pese a ser información pública.

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El locatario no es alguien de solvencia económica, como cabría esperar, sino un mecánico que tiene varias deudas, según reconoció él mismo.

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El monto del alquiler, de G. 7 millones mensuales, también parece un tanto exiguo para las instalaciones.

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Al mecánico no lo conocen en el barrio donde fijó su domicilio y además tiene malos antecedentes de haber alquilado en otro lugar.

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Cómo mínimo, da la impresión de que la Senabico actuó en forma descuidada, por no decir altamente sospechosa.

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De acuerdo con un nuevo informe del analista Emanuele Ottolenghi, a nuestro país se lo sigue viendo como un buen destino para el lavado de dinero y otras trapisondas.

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Las publicaciones sobre negocios ilegales que se llevan adelante desde Paraguay no son nuevas, recrudecieron especialmente en el anterior Gobierno y siguen vigentes.

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¿O acaso nos olvidamos del “hermano del alma”, de las listas de comisarios coimeados, de uno que está preso y quiere ser intendente?

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Aunque este tipo de cosas molesten, no podemos cerrar los ojos a las cosas que suceden en Paraguay y que son innegables, como el tema del contrabando a gran escala o los inexplicables financiamientos que tienen algunos políticos.

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En Ciudad del Este se suceden los cambios y parecen haber nuevos aires. Pero lo que concentra la atención de todos son las elecciones.

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Colorados y opositores, cada uno por su lado, ven difícil consensuar un candidato. Hay algunos de buenas intenciones y otros que calculan lo que pueden esquilmar hasta el 2020.

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Anoche hubo una fervorosa manifestación frente a la Municipalidad de San Lorenzo para exigir que se apruebe la intervención.

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Los reclamos de los sanlorenzanos son muy sensatos. El intendente Ferrer se niega a ser controlado, lo cual lleva a sospechar que tiene mucho que esconder.

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Los concejales, que representan a la ciudadanía, deben estar a favor de que se revisen las cuentas, a menos que estén involucrados en algunos chanchullos.

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Hablando de San Lorenzo, comentan quienes van hasta el local la Subsecretaría de Tributación sobre la avenida Mcal. Estigarribia, que este se encuentra invadido por mosquitos.

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Menos mal que estamos en plena campaña nacional contra el dengue. Los responsables de esa oficina se merecen un soberano akãpete y un pitukãi de yapa.

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Atención a la ciudadanía. Si tienen que ir obligadamente a ese lugar, proveerse a full de repelente.

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Con una lógica de hierro, a la hijita funcionaria del exdipu Chamorro cuya función era estar de permiso permanente, le dieron al fin una tarea en... el Departamento de Permisos...

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Obviamente, ella es una experta en el tema.

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La Comisión Permanente del Congreso decidió pedir informes sobre el aumentazo que en forma subrepticia se otorgó a varios funcionarios públicos desde el Congreso.

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Ojalá se establezcan responsabilidades en este caso porque es inaudito que se juegue de esa manera con el dinero público.

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Nosotros nos imaginamos quiénes pudieron haber estado detrás de esta “operación”.

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