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Cuentan los que saben que uno de los 45 legisladores está operando a full a favor del contralor. Incluso le prometió que nadie le tocará. ¿Quién será?
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El espíritu corporativista también le alcanzó al senador “Tano” Bacchetta (ANR, Añetete). Sus colegas prácticamente archivaron un posible castigo político por opinar abiertamente a favor de su correligionario el diputado Ulises Quintana, preso por supuesto nexo con el narcotráfico.
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En el Jurado tampoco hubo mayoría para retirarle la presidencia al legislador. Todo sigue igual.
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Les está dando buenos resultados a los senadores el llanto. Comenzó el acusado senador cartista Víctor Bogado, y le siguió Bacchetta. ¡Qué fácil!
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En la Cámara de Diputados los funcionarios que cumplen horario y trabajan están felices porque, por fin, están saliendo a luz los casos de planillerismo.
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Sin embargo, los planilleros están en pie de guerra. Había sido que armaron un grupo de WhatsApp para cubrirse ante los controles.
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Llamativamente, la cantidad de autos de los funcionarios de Diputados se triplicó en estos días, y el estacionamiento ya no da abasto.
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El diputado preso Ulises Quintana (ANR, Añetete), curiosamente, renunció a su precandidatura a la intendencia de Ciudad del Este. Obviamente que no iba a poder hacer campaña desde la cárcel. Pero algo se traía entre manos y luego se truncó por el camino.
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Ulises parece que recibió la promesa de quedarse en libertad; por ese motivo lanzó su candidatura.
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La Fiscalía acusó ayer al secretario de González Daher, el verborrágico Raúl Fernández Lippmann, por enriquecimiento ilícito. Vamos a ver qué dice ahora la justicia, porque este muchacho guarda arresto domiciliario, mientras el resto está preso. Incluido su exjefe.
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¡Simpáticos son los prófugos de la justicia Juan Arrom, Anuncio Martí, sus familiares y abogados! Elevaron a US$ 123 millones la cifra “simbólica” que le quieren cobrar al pueblo paraguayo.
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Y pensar que los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica le cuestionaron la astronómica suma. Antes que bajar sus groseras pretensiones económicas, lo subieron.
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Ahora la empresa que iba a construir gua’u el metrobús le quiere demandar al Estado paraguayo. ¿Será que el Poder Ejecutivo no encuentra también algún motivo para meterle una feroz querella a esta gente por el perjuicio realizado?