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Esperemos que el mandatario aprenda la lección de que es presidente de todos los paraguayos y no debe estar apoyando campañas electorales de ningún candidato, menos aún comprometiendo recursos públicos.
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La ciudadanía esteña castigó al Partido Colorado, porque su dirigencia no presentó una alternativa real o diferente al clan de los Zacarías Irún. Al contrario, los de ese grupo, creyendo en su electorado cautivo se mostraron abrazados hasta con los zacariistas, bajo la falsa bandera de la unidad.
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Tampoco les sirvió a los colorados el dinero de la Itaipú, que el vicepresidente Hugo Velázquez había comprometido, ni el uso de los recursos y bienes de otras instituciones públicas.
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El nuevo intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, tiene el importante compromiso de no defraudar la confianza de los pobladores. De lo contrario, en poco más de un año quemará su crédito y será un zombie político más, como otros que andan por el Este, entre ellos Kelembu y sus amigos Zacarías Irún.
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La ciudadanía debe reclamar de nuevo a sus representantes en el Congreso que hagan lo que corresponde: pedir la pérdida de investidura del senador colorado cartista Víctor Bogado, condenado a un año de cárcel pero con suspensión de la ejecución de la pena.
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En otras palabras, fue sancionado por una defraudación cometida contra el Estado planificadamente y con lo que se perjudica al pueblo.
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Hoy la Comisión de Escrache pedirá al Senado que se expulse del Parlamento a aquel impresentable político. Veremos si algún senador se anima a hacerse cargo. Hasta el momento casi todos están calladitos.
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Pero los senadores no pueden ignorar la Constitución, que en su artículo 201 claramente ordena sacar a los parlamentarios pillados en el “uso indebido de influencias”.
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Bogado fue sentenciado por violar ese artículo constitucional y en otros casos, como en los de González Daher y Oviedo Matto, los legisladores no necesitaron de una condena judicial para expulsarlos.
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Siguiendo con otro caso de uso indebido de influencias, los diputados ya no tienen excusas para no expulsar a su colega colorado cartista Tomás Ever Rivas, quien hizo pagar al Estado el salario de varios de sus empleados particulares.
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Rivas es un alumno aventajado del que fuera colega y correlí suyo José María Ibáñez, quien cargaba también al Estado el pago a sus caseros, pero que tuvo que dejar por esa sinvergüencería hace rato la Cámara Baja.
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El único que no puede cerrar más la boca de la alegría es el diputado colorado, ahora samanieguista, Carlos Núñez, que admitió haber hecho contrabando pero fue perdonado por ser tan bueno y devolver algo de lo que estafó a Aduanas.
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El intendente de Katuaté, el oviedista Julio César Brítez, parece que aprendió mucho de su malogrado líder político en conseguir, y fácil, buenas tierras públicas.
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Ahora esperamos que la Justicia actúe y le haga devolver todos los terrenos municipales de los que se apropió indebidamente.
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El Gobierno insiste con su reforma tributaria, que incluirá el aumento de impuestos. Sin embargo, se sigue negando a mejorar el uso del dinero de los contribuyentes ya que se despilfarra en gastos corrientes, viáticos y sueldazos de unos cuantos privilegiados.
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¿Quién le daría más dinero a alguien que malgasta en bebidas y burdeles? Eso es lo que pasa más o menos con los fondos públicos en el Estado.