Aduanas está sin sumario por el caso de autos robados

Desde el ente de control alegan que están en una etapa de investigación previa interna, a fin de determinar quiénes son los aduaneros que estarían involucrados en el esquema. La fiscalía ya pidió nombres a la DNA.

El director aduanero, Nelson Valiente, confirmó ayer a ABC Color que la Unidad de Asuntos Internos de Aduanas está en una investigación sobre el ingreso de vehículos que figuran como robados. Según Valiente, una vez que finalice este proceso, se hace el sumario cuyo resultado se comunica a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

A su vez, Roberto Quiñónez, jefe de dicho departamento, indicó a nuestro diario que se trata de una investigación administrativa interna, y que se basa puntualmente en determinar la cantidad y la responsabilidad que pudieron tener los funcionarios aduaneros en el esquema. Dijo que es imposible dar a conocer los nombres de los presuntos implicados.

Según Quiñónez, en un proceso normal de tramitación de despacho, intervienen al menos 4 a 5 funcionarios a través del sistema informático Sofía. Explicó que solamente en el caso del ingreso de los autos denunciados como robados en España ya registraron 60 despachos realizados, lo que, como mínimo, incluye la participación directa de al menos 240 funcionarios de la aduana.

No obstante, Quiñónez aclaró que esta cantidad afecta a los que pudieron haber tenido contacto con los despachos mediante el sistema Sofía, por lo que la investigación interna determinará cuántos de ellos realmente tuvieron participación física, es decir, quiénes fueron los que revisaron la carga, en qué momento lo hicieron y si es que hicieron algún informe al respecto.

“Nosotros ya tenemos identificados a todos los funcionarios que intervienen en el despacho por el sistema informático. Pero nos falta la parte de documentación, que es la más importante, porque ahí se ven las autorizaciones y quiénes participaron de los controles”, expresó Quiñónez.

Dijo que el Código Aduanero, en su artículo 140, establece que la autenticidad de los documentos que se presentan en un despacho corre por cuenta del declarante. En este caso, el despachante o importador directo.

Prácticamente todos los vehículos de origen argentino, presuntamente robados e ingresados a Paraguay con documentación falsificada, fueron traídos por Transportadora Junior SRL -que pertenece a un ciudadano brasileño de nombre Aldair José Reginato, quien tiene como socio al paraguayo Miguel Ramón Gómez Servín-, según las investigaciones. Los rodados ingresaron con certificados de origen falsificados, que tenían la visación de los consulados y que pasaron desapercibidos por los controles aduaneros.

Ayer, la fiscala de la Unidad contra el Contrabando, Carmen Gubetich de Cattoni, ordenó el secuestro de cuatro rodados más y anunció que convocará a responsables de la Dirección de Registro del Automotor y del Departamento de Legalizaciones de Cancillería.

Gubetich de Cattoni inició la investigación a partir de una denuncia del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) que detectó la falsificación de los certificados de origen de varios rodados, entre ellos cinco Volkswagen Amarok, dos Ford Ranger, una Mitsubishi Tritón y un tractor Iveco.

Al igual que el fiscal Víctor Maldonado, que investiga el caso de los 206 vehículos que aparecen como robados en España y que ingresaron al país, Gubetich de Cattoni dice que hay demasiada gente involucrada en este ilícito.

Por el momento, la fiscala ya imputó a los dueños de la importadora Junior SRL y al despachante Francisco Cantero, quien se encargó de legalizar los documentos de los rodados. Otro importador que está imputado en el caso es Jorge Stanley.

Por otro lado, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) amplió su denuncia sobre ingreso de autos robados. Esta vez pide investigar la procedencia de otros 56 vehículos que ingresaron al país en los últimos meses con documentación falsa. Sin embargo, varios de estos casos coinciden con los ya denunciados por Aduanas en julio pasado.

Sobre los rodados presuntamente robados en países vecinos como Brasil y Argentina existen dos denuncias paralelas hechas por el MIC y la aduana. El pedido de investigación presentado por esta última está a cargo del fiscal Cristian Bernal; sin embargo, se maneja la posibilidad de dejar el caso en manos de Gubetich de Cattoni.

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