En los alegatos finales de los fiscales Liliana Alcaraz, Nelson Ruiz y Leonardi Guerrero, que fueron tenidos en cuenta por el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Ramón Trinidad Zelaya, Benito González y Samual Silvero para aplicar las fuertes condenas, se explican las amenazas que propinaba el líder de los campesinos.
En ese sentido, el 23 de mayo de 2012, el Crio. Miguel Anoni y el Subcrio. Alcides Velázquez Iriarte, se habían constituido por tercera ocasión a Campos Morombí, y se encontraron con alrededor de 70 personas que portaban armas de fuego como escopetas, rifles y otros instrumentos contundentes como foisas, machetes y palos.
En esta ocasión, el acusado Rubén Villalba, quien se identificó como líder del grupo, les manifestó que “no abandonarían el lugar y que permanecerían en él hasta las últimas consecuencias, y que inclusive tomarían un tinglado que estaba situado en las cercanías del lugar que pertenecía a un colono brasileño que arrendaba una parte del predio de Campos Morombí.
Esto fue relatado durante el juicio por el comisario Anoni, quien agregó que estas personas estaban armadas y en formación y que lo rodearon. Escuchó que Rubén Villalba le dijo que “dos a uno” iban a caer, que no iban a salir del lugar, y además, lanzó críticas al gobierno, a los invasores brasileños, al imperialismo yanqui y también alabó al Mariscal López.
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Resistir y matar
Los ahora condenados Rubén Villalba y Luis Olmedo (sentenciado a 20 años de cárcel), y el fallecido Avelino Espínola (alias Pindú) lideraron una asociación para resistir el allanamiento en Campos Morombí e incluso estaban dispuestos a matar con alrededor de 150 ocupantes, que estaban bien adiestrados, según se probó en juicio.
“Villalba y su grupo tenían una organización bien estructurada no solo para realizar invasiones de inmuebles y permanecer allí hasta lograr presionar a las autoridades la atención de los reclamos de su grupo (autodenominados campesinos sin tierra). La estructura de este grupo también estaba destinada a realizar incursiones armadas por medio de sus soldados en inmuebles aledaños para obtener víveres, armas y dinero”, sostuvo la fiscalía.
“Esta experiencia como grupo armado, más el contexto estratégico del lugar donde estaban asentados, tales como desniveles en la topografía del terreno, vegetación espesa, pastizales altos, matorrales y árboles, lo que ayudó a elaborar un plan para resistir de manera violenta al allanamiento cuya realización era inminente”, dijeron fiscales.
Villalba se presentó en el inmueble invadido días después de la primera incursión e hizo “correr” a otro grupo pacífico que estaba liderado por Leonor Rivas Torres.
El condenado a 4 años, Felipe Benítez Balmori, había relatado a los policías en los días sucesivos a la matanza, que fue “reclutado” por Villalba y otros líderes.
También en los días posteriores a la masacre, el personal policial recepcionó una entrevista confidencial de parte de una persona no identificada, quien dijo que un día antes del desalojo, el 14 de junio de 2012, Villalba les amenazó de muerte para que no abandonen el predio.
16 “cazabobos”
La fiscalía aseguró también durante el juicio oral que se planificó la colocación estratégica de explosivos caseros (“cazabobos”), dentro de los campamentos precarios. Los dispositivos (unos 16) fueron retirados de entre los colchones de los invasores, luego de la masacre, de acuerdo a la declaración de varios testigos.
El explosivista Carlos García relató que se percataron de los “cazabobos” (que se confeccionan con trampas para ratones) cuando se procedió a la quema de colchones, ropas y carpas. Dijo que escucharon disparos de armas de fuego y mientras sucedía esto, los balines de escopeta caían sobre ellos.
La fiscala Alcaraz dijo que era clara la intención de “hacer más daño” porque varios “cazabobos” inclusive ya habían percutido antes del retiro de los colchones.