Dos departamentos del sur del país se encuentran en emergencia: Itapúa y Ñeembucú.
En el caso de Ñeembucú debemos mencionar que todo el departamento es un inmenso esteral y en forma regular las aguas se apropian de su espacio natural.
En Ñeembucú el problema no son las aguas sino la gente que vive donde no debería.
Las comunidades son verdaderas palanganas que basta algo de agua para que se inunden.
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Esta característica de Ñeembucú significa que en forma regular surgirán emergencias; el liderazgo departamental y municipal tiene la obligación de minimizar el impacto negativo en las comunidades.
La falta de planificación y de gestión de riesgo lleva a aumentar las consecuencias negativas de fenómenos que son naturales.
El Gobierno central
El Ministerio de Obras Públicas asumió la responsabilidad de mejorar la infraestructura vial en Ñeembucú y comunidades rurales de Misiones.
No cumplió: los caminos siguen siendo los mismos de antes de la emergencia y ya estuvieron destrozados hace cuatro años atrás, en la anterior inundación.
Y así como vamos es probable que la siguiente emergencia encuentre al sur con los mismos caminos.
Hay zonas sensibles en materia de caminos y estas áreas deben ser prioritarias para su tratamiento.
El Ministerio de Hacienda necesariamente debe prever rubros de contingencia, no solo para el momento de la emergencia sino para la preparación misma.
A modo de ejemplo, la Fuerza Aérea no tiene un helicóptero disponible para trabajar en la emergencia. El único que está operativo en todo el país se encuentra en Concepción, a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta.
La Fuerza Aérea es una agrupación militar que tiene una gran incidencia en la sociedad civil: helicópteros y aviones del Estado se convierten en soporte de la ciudadanía en situaciones de emergencia.
No puede el Ministerio de Hacienda dejar en tierra a aviones y helicópteros en nombre de un ahorro.
Municipios
Las autoridades municipales son las primeras en reclamar ayuda pero son las últimas en planificar una intervención en sus comunidades.
La Secretaría de Emergencia Nacional envió casi 500.000 kilos de víveres para las áreas en emergencia, suficientes para alimentar a unas 9.000 familias durante 45 días.
La Entidad Binacional Yacyretá entregó 100 millones de guaraníes a cada municipio para hacer frente a la emergencia; todos los intendentes cobraron ese dinero.
San Juan del Ñeembucú y Yabebyry recibieron también este aporte económico así como víveres, pero parece que no es suficiente para sus intendentes.
Ñeembucú seguirá su convivencia con el agua y la responsabilidad de administrar esta realidad debe partir de las autoridades locales.
Silencio en gobernación
Carlos Silva (PL) ocupa el cargo de gobernador de Ñeembucú.
El aporte de su administración para la emergencia es entregar 16 kilos de víveres por familia.
Con anterioridad a la crecida habilitó caminos enripiados que no cuentan con alcantarillas ni cunetas, por lo tanto no sirven cuando las aguas se desbordan.
No realizó previsión presupuestaria para la emergencia tal como exige la ley.
La gobernación no instaló ni siquiera una motobomba en el muro de Pilar. Mantenimiento, ni hablar.
roque@abc.com.py