El negocio fracasa, pero sigue el negociado

De ese monto, US$ 57 millones fueron a Canadá. Esta serie se trata de esa parte del dinero, a partir de la versión de Eduardo García Obregón, uno de los intermediarios, con quien nos reunimos cerca de Toronto.

García Obregón está imputado y enfrenta un pedido de extradición de la justicia paraguaya. Se defiende diciendo que él solo fue un nexo entre empresas canadienses, que se quedaron con el dinero, e intermediarios de Cajubi que cobraron altas comisiones en nombre de sus mandantes, que no son ni siquiera molestados, quizás para no escarbar demasiado. Tiene en su poder frondosa documentación y se declara dispuesto a contarlo todo: “Si me voy a la cárcel, que también se vayan los verdaderos responsables”.

Continuando con el relato, Cajubi llegó a Canadá de la mano de un bróker argentino llamado Arturo Girardi, que trabajaba con otro argentino, o uruguayo, llamado Eduardo García Mascheroni, tocayo de García Obregón.

Evidentemente, tenían una estrecha relación con las entonces autoridades de la Caja, con las que ya habían hecho muchos otros “negocios”. Por ejemplo, en los documentos y correos electrónicos aparecen nombres tales como First Providence, Royal Skandia, Sociedad Militar de Seguros de Vida, una entidad argentina a la que se referían como “la calle Córdoba”, que es donde está localizada en Buenos Aires, Carlos y María Noel Parra, Herman Etman, Norberto Botero, Marcelo Brailosky…

Todo esto es anterior o paralelo a lo de Canadá, pero debería ser parte de otra investigación que ninguna autoridad parece muy dispuesta a emprender. No olvidemos que a Canadá se remesó menos de un tercio del total del dinero desaparecido. Además, unos US$ 30 millones se perdieron con un venezolano llamado Marcelo Barone, que se compró Ferraris y propiedades en Londres, y hay unos US$ 89 millones que nadie explica a dónde fueron a parar.

Girardi y García Mascheroni contactaron en Canadá con el “siciliano” Antonio “Tony” Duscio, quien tenía una compañía denominada Universal Settlements International (USI) junto con Jeff Panos y Chris Halas, que se dedicaba a negociar pólizas de vida en el mercado secundario, algo conocido como “life settlements” en inglés o “acuerdos viaticales” en castellano.

Lo que hacían era adquirir pólizas adelantándoles a los titulares una suma menor que su valor facial, a cambio del derecho de cobrar como beneficiarios al momento del fallecimiento (le llaman “maduración”), quedándose con el compromiso de pagar las primas a las aseguradoras.

Como se expone en la nota de ayer, entre mediados de 2005 y fines de 2006, Cajubi envió a USI C$ 13,7 millones (dólares canadienses, casi igual en US$) para adquirir ese tipo de activos, de los cuales se llegaron a colocar, al menos eso es lo que figura, unos C$ 9 millones, y quedaban C$ 4,7 millones “unallocated”.

“El proceso no era que se enviaba el dinero y se invertía inmediatamente, sino que se quedaba en una cuenta y se iba asignando a medida que aparecían las pólizas y se hacía un “closing package”, que era el documento que se entregaba al inversor en el momento en que se cerraba un trato. Tenga en cuenta que no es una acción o un fondo mutuo o un bono, no hay un mercado líquido o una bolsa donde negociar, es una cosa privada que hay que buscar, hay que negociar con el titular, hay que calcular la expectativa de vida, ajustar el rendimiento y las comisiones”, explica Eduardo García Obregón.

García Obregón trabajaba con USI como contratista independiente y a él le encomendaban tratar con los agentes de venta de América Latina. Fue en ese carácter que trató con Girardi como nexo con USI, y más tarde participó también en otras operaciones con Cajubi, con otras empresas y otros productos, a lo que nos referiremos en notas posteriores.

Según García Obregón, todo iba bastante bien al principio. Cajubi llegó a cobrar por maduraciones de pólizas y volvió a reinvertir esos fondos, por lo que se pagaron nuevas comisiones. Hasta que a fines de 2006 comenzaron los problemas.

Por un lado, hubo una pelea de socios en USI. Jeff Panos y Chris Halas demandaron a Tony Duscio, a quien acusaron de apropiación y expulsaron de la compañía.

Por otro lado, en octubre de 2006 la Comisión de Valores de Ontario (OSC), que ya venía presionando para incluir los “life settlements” dentro de sus esquemas de regulación, le dio un ultimátum a USI: si quería seguir operando, debía someterse a un proceso de verificación y obtener licencia; entretanto, aquellos fondos que ya estuvieran colocados podían continuar de esa manera, previa rendición de informes, mientras que los “unallocated funds” debían ser devueltos inmediatamente a sus dueños.

Aquí se dijo que García Obregón había sido despedido de USI al constatarse que había incurrido en fraudes con Cajubi. Él niega esa versión y da una muy diferente. Asegura que les exigió a Panos y a Halas devolver todos los fondos “unallocated” de sus clientes, incluidos los C$ 4,7 millones de Cajubi, para cumplir con la orden de la OSC, y ante la negativa de estos, él y su esposa, Claudia Patricia Santisteban, demandaron a USI con un “class action” ante la Corte de Ontario en enero de 2007.

Dice que no tenía ninguna obligación legal de hacer eso, pero que costeó la demanda de su bolsillo solo para obligar a USI a restituir los fondos como lo mandaba la OSC.

Finalmente, siempre según sus expresiones, mediante esa acción recuperó el 100% del dinero de todos los otros clientes que trataron con él, pero no de Cajubi, porque el Consejo de la Caja prefirió adherirse a algo que se denomina Companies’ Creditors Arrangements Act (CCAA) solicitado por Jeff Panos y Chris Halas, quienes se habían quedado en USI, ya sin Duscio.

El CCAA es un instrumento de la legislación canadiense previsto para la convocatoria de acreedores, con la particularidad de que protege mucho a los accionistas, no tanto a los acreedores, al punto de que estos últimos deben firmar un compromiso de no demandar civilmente a los primeros. Eso hizo Cajubi. Mariano Damián Escurra, ya como presidente de la Caja, viajó a Canadá para firmar oficialmente a fines de 2008. Según García Obregón, lo hicieron para que no se pudiera investigar y conocer el destino final de las altas comisiones que se habían pagado.

La Corte nombra a un monitor para supervisar el proceso, en este caso la conocida firma auditora Ernst & Young, que presentó informes periódicos desde diciembre de 2008 hasta abril de 2015. García invita a revisar las miles de páginas producidas y ver si su nombre figura al menos una vez. “No figura sencillamente porque yo no tuve nada que ver con el dinero que se perdió en USI”, afirma.

El CCAA de USI está por concluir y García Obregón vaticina que Cajubi recuperará, con suerte, “una tortilla con sal”, después de haber gastado millones de dólares en honorarios de abogados (estudio Shibley Righton), cuando pudo haberse acogido a la resolución de la OSC y, sospechosamente, no lo hizo.

Mañana: Aparecen Ronald Timcke y transferencias vía Panamá a Suiza

Enviado especial a Canadá