Lo más sugestivo de todo es que la empresa sugerida por Luis Rojas (Televox) hizo una presentación-cotización del producto a la Senad con el mismísimo e idéntico formato de propuesta comercial utilizado por la empresa Cardinallis SICGSA, propiedad de Rojas junto con Atilio Gómez Buongermini (involucrado en el caso VIP Securities) y Eduardo Ariel Felippo.
¿Habrá imputaciones?
Fuentes a las que accedió nuestro diario aseguran que ya habría un documento donde se imputaría a varias personas a partir de los indicios revelados.
Consultamos sobre el punto al fiscal Martín Cabrera y este aseguró que aún aguarda los últimos detalles bancarios. “Estamos esperando un informe del Banco Familiar, las copias de los cheques que fueron librados por Nicasio Bóbeda, si fueron de gerencia, nominal, al portador, para ver a quiénes pagó. Queremos saber dónde y quién retiró el dinero. El mismo Luis Rojas pidió que se siga el circuito de los cheques, una vez que tengamos lo que nos falta tomaremos la decisión que corresponda”, dijo el fiscal.
Sobre la posibilidad de que esto sea un juego político contra el actual ministro del Interior para sacarlo del camino en la postulación para el cargo de fiscal general del Estado, Cabrera dijo ayer que esta investigación se inició en conjunto con Tributación a raíz de las facturas falsas presentadas por varias empresas para obtener créditos fiscales. “Una de las que apareció fue Televox que, según la SET, presentó facturas por más de G. 5.000 millones, de contenido falso”.
“Es la Fiscalía General la que con base en la información recibida por resolución decidió abrir la investigación y separar esto del grupo grande de investigación. Eso pasa normalmente cuando una investigación es compleja, no tiene nada de especial para nosotros esta causa”, dijo.
Otro de los puntos que llama la atención fiscal en la investigación que realiza son los informes de la Dirección Nacional de Aduanas. “Ese informe refiere que la empresa importó equipamientos recién a fines de abril del 2013. La pregunta es, si recién a fines de abril ingresaron en forma real los equipos, ¿que es lo que se recibió cuatro meses antes, en el 2012? ¿Qué equipamientos?”.
Cabrera también apuntó otro detalle curioso para la Fiscalía. “Se argumentó seguridad del Estado. Sin embargo, el propio Presidente dijo que no era necesaria la compra y envió el pedido al archivo el 12 de diciembre del 2012. Sin embargo, 22 días antes la Senad ya había firmado el contrato”.