También fueron designadas las autoridades académicas y administrativas “para el funcionamiento normal” de la universidad. Igualmente, el interventor dispuso los cortes administrativos y documentales. Fue la apariencia de una intervención.
El 7 de abril del 2015, la Coordinadora por la Transparencia de la Educación en el Ñeembucú se dirige por nota al presidente Horacio Cartes para presentar una “serie de inquietudes en cuanto al cumplimiento de funciones designadas al interventor, así como la violación de la Ley de Educación Superior en su artículo 90”.
Este artículo expresa: “La intervención implica suspensión automática y temporal de las autoridades de la institución afectada, quienes quedarán suspendidas interinamente por el o los interventores, que asumen con plenas facultades, excepto las de modificar los estatutos o reglamentos internos y aquellas que reglamenta el Cones” (Consejo Nacional de Educación Superior).
La Coodinadora agregó en su nota que también seguían ocupando sus cargos el vicerrector y decanos “aun habiendo sido denunciados por la serie de irregularidades ya que la Ley de la Educación Superior N° 4995 es clara al respecto: que mientras dure la investigación ellos automáticamente quedan cesantes”.
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La entidad por la Transparencia de la Educación le comunicó al Presidente de la República que no se evidenciaba ninguna aplicación de medidas para las correcciones académicas, administrativas o económicas “precautelando los derechos de los miembros de la comunidad educativa”.
SERIE DE IRREGULARIDADES
La denuncia acercada al presidente Cartes incluía:
1) Decanos y vicedecanos con altos privilegios (con superposición de cargos en otras instituciones públicas, sin cumplimiento de horario laboral, por lo menos ocho horas como directivos), además de tener excesiva cantidad de cátedras sin entrar en las aulas, así como sus elevados rubros de investigación, a los que accedieron sin concurso y sin ninguna evidencia de resultados ni producción científica.
2) El decano de la Facultad de Ciencias Contables, Diosnel Aguilera, imputado y ratificada su imputación por el Tribunal de Apelación por lesión de confianza y malos manejos de los fondos de la Coodeñe, hecho que también se venía denunciando como perpetrado en la Universidad de Pilar, seguía permaneciendo como decano con la autorización del interventor.
3) Decanos y operadores políticos que venían usufructuando rubros de investigación y de extensión de manera irregular desde el año 2009, ya que estos ocuparon esos rubros sin concurso, en violación de la carta orgánica y del reglamento de la UNP, y que hasta la fecha (abril de 2015) no se ha tomado ninguna determinación, aun con el informe tajante de la Contraloría General de la República que no encontró evidencias de resultados de sus producciones científicas ni investigaciones.
4) Vicedecanos sin título válido para ocupar el cargo desde hace varios años y otros directivos que incumplen funciones en sus facultades, que siguen percibiendo su salario y ocupando el cargo sin haberse tomado ninguna determinación al respecto.
5) Operadores políticos (cuyas evidencias presentadas en las denuncias corroboran los hechos) que siguen usufructuando rubros docentes sin el título habilitante.
La Coordinadora por la Transparencia solicitó al titular del Ejecutivo que se amplíen los recursos humanos para apoyar la intervención, incorporando a personal capacitado del Ministerio de Educación y Cultura, así como auditores del Gobierno nacional, a fin de garantizar la transparencia y objetividad a todo el proceso.
El interventor incumplía la Ley 4995. Se le pidió que llame a concurso docente para los cargos de Extensión e Investigación que desde hace años han sido manipulados por decanos, vicedecanos, operadores políticos, sin ningún beneficio para el Departamento de Ñeembucú.
Se pidió, igualmente, dejar cesantes a todos los investigadores que ocupan cargos, desde hace años, en violación de la carta orgánica de la UNP, que exige el concurso previo para esas funciones.
PRÓXIMA NOTA:
Informe de la Contraloría General de la República
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