Dicho evento, entre sus conclusiones, advirtió que pese a los logros de los últimos años en Paraguay y la región, falta mucho que hacer para que este derecho, además de un arma contra la corrupción, sea una herramienta democrática con que los contribuyentes se instruyan a fin de exigir mejores servicios al Estado.
La apertura del seminario, dictado en un hotel capitalino, contó con la presencia de la presidenta del Poder Judicial, Alicia Pucheta; el ministro de la Corte Antonio Fretes; el fiscal general Javier Díaz Verón y el ministro de la Función Pública Humberto Peralta, entre otros. El evento fue organizado por la Ceamso y la Usaid.
Guilherme Canela, consejero de la Unesco, manifestó que el acceso a la información pública no es solamente una herramienta de lucha contra la corrupción.
Subrayó que hace 20 años, solo 13 países contaban con una Ley de Acceso a la Información, mientras que hoy son 113.
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Defensa al gobierno
El fiscal Díaz Verón a su turno actuando casi como “vocero del gobierno” destacó la transparencia impulsada por el Poder Judicial mediante un “histórico fallo” y al Poder Ejecutivo con su Secretaría Anticorrupción; la Ley 5189/14, de Transparencia Salarial y la Ley 5282/2014 de Acceso a la Información.
Sin embargo, obvió mencionar que ahora el gobierno avala que el Comando de las Fuerzas Militares se niegue a brindar el currículum del general Luis Garcete.
Pucheta, a su turno, dijo que la información pública es un derecho fundamental de cualquier país “que se precie de ser democrático” y que en la función pública debe primar la transparencia y la rendición. En realidad, Pucheta olvidó mencionar que la Corte tardó más de cinco años en sentar jurisprudencia con el caso del sanlorenzano Daniel Vargas Telles.
No se puede ocultar la información, señalan
En diálogo con ABC Color, Raúl Quiñónez, coordinador de Ceamso, también destacó los avances de la Ley 5189/14 a un año del decreto de promulgación. Destacó que 26 países tiene leyes similares y Argentina aprobó la suya apenas días atrás.
También señaló que el derecho al acceso a la información, además de ayudar a destapar casos de corrupción, debe usarse como una herramienta útil para que el ciudadano le pueda decir al Estado cómo mejorar la prestación de servicios.
En cuanto a la polémica ante la negativa de las Fuerzas Militares a brindar la hoja de vida del Gral. Garcete, Quiñónez sostuvo que no existe argumento válido para justificar esta situación.
Destacó que en caso de duda, la jurisprudencia siempre debe fallar a favor del acceso a la información. El programa del evento se inició a las 9:30 y culminó cerca de las 20:00 después de numerosas ponencias y debates.