Como casi siempre ocurre, un par de personas cuestionó la idea con el argumento de que en ese caso no hubo corrupción política y judicial sino de la policía que lo tenía recluido bajo su control en la Agrupación Especializada.
Ese día, más temprano en el mismo microblog, el presidente Abdo justificaba su decisión de haber expulsado al narco asesino con un mensaje que decía “que nuestro país no sea tierra de impunidad para nadie”.
No es mi intención cuestionar la decisión del presidente de expulsar al narco, de hecho creo que fue la mejor decisión. Aunque también deja la pregunta de por qué no lo hicieron antes Abdo y sus antecesores, con este y muchos otros peligrosos criminales extranjeros sobre quienes existen pedidos de extradición.
Discusión al margen, el tema de fondo que nos debe mover como sociedad es atacar el por qué hoy tenemos un sistema judicial y penitenciario totalmente podrido que nos lleva a ser ridiculizados ante los ojos del mundo por criminales que confiesan delitos con la intención de permanecer en nuestro país e incluso piden a fiscales y jueces celeridad en sus procesos.
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La respuesta es obvia, la corrupción e impunidad.
Esa corrupción e impunidad son las que terminaron con la vida de la joven Lidia Meza en la mente y manos enfermizas de quien sobornó y consiguió privilegios en nuestro país durante un buen tiempo, quien pensó que matándola garantizaría su estadía en condiciones de privilegio frente a lo que le esperaba en una cárcel de verdadera alta seguridad en su país.
Definitivamente para algunos en la Especializada, Marcelo Piloto era una gallina de los huevos de oro, al igual que muchos otros privilegiados.
Pero ¿por qué corrupción política y judicial?
Porque tampoco es posible creer que fue un solitario actuario judicial quien consiguió dormir durante varios meses un exhorto de extradición sobre un peligroso criminal buscado por la justicia brasileña, habiendo tanto dinero de por medio.
En este momento hay otros 289 pedidos de extradición, en su mayoría de Brasil y Argentina, y entre ellos, de varios miembros de las organizaciones criminales Comando Vermelho y Primer Comando da Capital.
El asesinato de una joven paraguaya en un cuartel policial convertido en prisión calificada como de máxima seguridad, enciende las luces sobre la demora judicial para conceder estas solicitudes y limpiar nuestras cárceles de delincuentes y criminales foráneos.
Es allí donde el Jurado de Magistrados puede y debe hacer lo que constitucionalmente está obligado, el control sobre el sistema judicial para no dejar impunes a jueces, actuarios o fiscales.
Y claramente todo se traduce también en corrupción política, porque no se puede seguir manteniendo un sistema carcelario convertido en depósito de seres humanos, una policía corrompible y ministros de la Corte que avalen un sistema judicial carcomido por la corrupción, sin temer siquiera a un juicio político.