En medio de estas consideraciones, la semana pasada se alborotó de nuevo del ambiente político con un nuevo caso que involucra, esta vez, a un senador liberal llanista: Dionisio Amarilla. Este legislador varias veces estuvo en la mira de la investigación periodística desde su gestión en la Universidad Nacional de Asunción (UNA), pasando por Ñeembucú y sus últimas actuaciones en favor del entonces contralor Enrique García, quien finalmente renunció ante su inminente destitución vía juicio político.
Hoy el ojo de la tormenta está en una licitación que ya le adjudicó el Instituto de Previsión Social (IPS) a un empresario. Pero he aquí la sospecha: este señor –hijo de un exdiputado colorado– tiene casi una docena de empresas privadas que posee contratos con el Estado por valor aproximado a los US$ 130 millones.
El compañero de tareas Juan Carlos Lezcano publicó en su investigación periodística que la licitación de IPS tenía un aparente pliego de bases y condiciones direccionado, un elevado monto (G. 140.000 millones) y supuesta explotación laboral a los trabajadores de la seguridad. A partir de ahí se encendieron las alarmas para quienes ya estaban frotándose las manos.
Lamentablemente los consejeros de IPS no descubrieron esto o guardaron un silencio cómplice. Ambas conductas son gravísimas y dan pie incluso a iniciar una campaña para eliminar esos consejos públicos que solo sirven para ubicar a amigos y correligionarios con lindos sueldos.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Sin la presencia del autodenominado “líder emergente” Dionisio Amarilla, la denuncia alcanzó la situación de catástrofe porque IPS es el gran patrón de los trabajadores aportantes. De la fortaleza financiera del ente previsional dependen la salud y la jubilación de la población laboral dependiente de este país, cosas sagradas para una sociedad.
El Gobierno recién tomó la decisión de dejar sin efecto la adjudicación a la empresa privada cuestionada, luego de que saltó a la luz la intervención del senador liberal en una reunión en la oficina de una productora con el compañero Juanki, con el aparente interés de “desinflar” la información.
Hoy nos encontramos ante un problema nacional que tiene dos patas: 1. La salud financiera del IPS y 2. el vínculo aparentemente político, que sigue carcomiendo el presupuesto público en medio de una discusión de impuestazos y aprobaciones de beneficios que no tienen fuente de financiamiento. Y en el Senado se presentó un nuevo pedido de pérdida de investidura contra el legislador que habría cometido un supuesto uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado, que riñe con el artículo 201 de la Constitución Nacional, numeral 2.
En esta oportunidad afecta a un senador liberal, del sector llanista, que es opositor al oficialismo liderado por Efraín Alegre. El Comité Político del PLRA rápidamente salió a desmarcarse de Amarilla y sugirió a sus senadores votar por la expulsión de su correligionario de la Cámara Alta.
Pero lamentablemente para el oficialismo liberal, la decisión final depende de los votos del movimiento Colorado Añetete, que encabeza el presidente de la República Mario Abdo Benítez. Digo esto porque Añetete tiene un acuerdo que data de un año atrás con el llanismo para la renovación de la mesa directiva en la Cámara Alta y esto podría influir en la decisión de proteger a Amarilla.
pguerrero@abc.com.py