Si juzgamos político-partidariamente los hechos, Ferrer está devolviendo el favor a los ocupantes ilegales, que son parte de su clientela electoral de la villa 24 de Junio del barrio San Miguel. Este grupo, en las elecciones municipales de noviembre de 2015, le ayudó a salvar el barco de un naufragio seguro, ya que la mayoría de los sanlorenzanos que aman a su ciudad están cansados de su inutilidad y corrupta gestión, que mantiene al distrito en ruinas.
La reacción de Ferrer viene luego de que los vecinos consiguieran que la asesoría jurídica de la Comuna dictaminara a favor del derecho de los ciudadanos, tras pedir la reconsideración de la resolución Nº 489 de la Intendencia. Mediante dicho documento, Ferrer amplió el área de influencia de la comisión vecinal de fomento San Roque del barrio San Miguel, atendiendo a una renovación de autoridades en puertas. Fue al solo efecto de incluir a pobladores de villa 24 de Junio –donde viven directivos e integrantes del 4 de Octubre– para poder conformar una comisión “a medida”.
Existen dos órdenes dictadas por la jueza Blanca Rojas de Brítez, que Ferrer debe cumplir. Si no lo hace, debe ser procesado por desacato.
La magistrada ordenó en 2011 el desalojo de los invasores del espacio público. Pero, en abierto contubernio con la Comuna, los directivos del club inmediatamente consiguieron la retención del inmueble por “mejoras realizadas”, la mayoría inexistentes y las pocas obras fueron realizadas por la propia Municipalidad. La jueza, entonces, ordenó el pago por las presuntas mejoras, que fue aprobado por la Junta Municipal y Ferrer debe cumplir o, de lo contrario, ir preso.
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