La democracia directa es o mejor dicho era el sistema donde todos los ciudadanos decidían en asamblea popular lo que se debe hacer; en la indirecta los ciudadanos delegan en sus representantes mientras que en la semiindirecta se consulta a la ciudadanía qué hacer con respecto a una cuestión determinada, o se busca contar con su apoyo.
La iniciativa popular, que figura en el artículo 123 de nuestra Constitución, es para proponer al Congreso proyectos de ley, suponiendo que se llegaren a producir situaciones de intereses creados o autoritarismo legislativo que impiden a la sociedad ser escuchada por las autoridades.
De ahí que en todas partes se interpreta que la iniciativa popular es una herramienta de la sociedad civil –no de la clase política– que se da cuenta del desinterés o –repetimos– de la existencia de intereses creados de sus representantes en no legislar sobre determinados temas. En estos casos, es la sociedad civil, a través de sus organizaciones la que toma la iniciativa de preparar un proyecto y buscar la firma de ciudadanos para elevarlo al Congreso.
El tema sobre el cual ha de expedirse la iniciativa no importa, lo que importa es la legitimidad del impulso, es decir, de saber quiénes están detrás de la iniciativa. Si es la sociedad civil, es legítima porque no es parte del Estado, no es un partido político y menos es representante del pueblo.
Pero si es la clase política –que representa a esa sociedad civil como resultado de elecciones anteriores–, la que plantea una iniciativa popular es un abuso por apropiarse de una herramienta de la sociedad. Y si son integrantes de los poderes constituidos por representantes del pueblo y altos funcionarios estatales los que la impulsan es un doble abuso porque todos ellos tienen facultades y hasta la obligación de hacerlo por los conductos normales y no extraordinarios y propios de la ciudadanía.
ebritez@abc.com.py