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Abusos y prejuicios

Este artículo tiene 10 años de antigüedad

Las noticias que daban cuenta de que un funcionario de la Municipalidad de Coronel Martínez está prófugo por un caso de coacción sexual despertaron indignación en la comunidad guaireña. Se trata de Pablo César Mercado Román, un docente y sobrino segundo del intendente local, Aricio Román (ANR).

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Una joven de 25 años denunció que el hombre intentó violarla y tiene orden de captura desde el 25 de agosto pasado. La Policía no puede atraparlo y existen tristes antecedentes sobre delincuentes de Coronel Martínez que gozaban de la protección de las autoridades de turno; solo pudieron ser capturados mediante la intervención de agentes policiales de Asunción, quienes actuaron con hermetismo para que no se filtre la información entre sus camaradas de la zona. Es fácil de creer que en este caso ocurre lo mismo, aunque familiares del sospechoso dicen que se oculta en Ciudad del Este y anunciaron que se presentaría en el “momento oportuno”. Parientes y amigos de César Mercado también dicen que la denuncia simplemente es una persecución que busca ensuciar la carrera política del docente y funcionario municipal.

La presunción de inocencia ampara al sospechoso. No obstante es lamentable ver cómo en las redes sociales los internautas –que a todas luces eran perfiles falsos– salieron a defenderlo diciendo que la víctima “es luego una prostituta”.

Esto refleja un concepto arcaico que estuvo presente en nuestra legislación desde 1914 hasta prácticamente 1998. El antiguo Código Penal castigaba fuertemente si la víctima era una mujer casada, y las penas se iban reduciendo de acuerdo a la “categoría de fémina”; es decir, mujeres no casadas pero vírgenes, mujeres no casadas y no vírgenes y, finalmente, las prostitutas. Violar a una prostituta o a una mujer con “mala reputación” era entonces un delito menor.

Si bien estas normas fueron adecuadas a nuestros tiempos, al parecer el concepto retrógrado sigue presente en la conciencia colectiva.

gaston.ortiz@abc.com.py

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