Y no es para menos. Una vez autorizadas por el Supremo Tribunal Federal, desde sus oficinas partieron las órdenes de encarcelamiento a políticos de la más alta esfera –miembros del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo– involucrados en lo que en nuestro vecino país se conoce como caso “Lava Jato” y bautizado por los medios de comunicación como “Petrolão”.
Se trata de la causa judicial que investiga la defraudación de unos 2.000 millones dólares a la estatal petrolera Petrobras y que ha descubierto una megarred de operaciones entre la otrora poderosa constructora Odebrecht y movimientos y partidos políticos a fin de enriquecerse y obtener donaciones ilegales para el financiamiento de las campañas electorales de legisladores, senadores y probablemente de presidente de la República a cambio de leyes o la adecuación de estas a los intereses de los empresarios de la construcción que se beneficiaron con contrataciones y licitaciones públicas, luego sobrefacturadas.
Conforme avanza la investigación saltan cuestiones inimaginables, como que la constructora montó toda una oficina de operaciones a la que llamó “Estructurales” para el pago de las coimas a los políticos de todos los niveles y en una especie de contabilidad paralela fue tomando nota de quiénes iban recibiendo lo recaudado de las sobrefacturaciones de las obras públicas, un modus operandi que a los paraguayos nos resulta bastante familiar.
El sistema creado por esta firma con tentáculos en varios países de América Latina también puso a temblar a exautoridades electas de Perú, Panamá, Chile, Colombia y otros más, donde sus respectivos poderes judiciales –que observaban con cautela el gran “destape de olla” en el gigante sudamericano– se vieron obligados también a actuar con celeridad sin importar quién o quiénes estaban detrás de los escándalos de corrupción. Y saltaron nombres de expresidentes.
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La semana pasada el Supremo Tribunal Federal de Brasil convalidó las declaraciones de más de cincuenta exdirectivos de Odebrecht en las que –según filtraciones a los principales periódicos– mencionan a actuales autoridades electas, en una clara muestra de que el Poder Judicial no se deja intimidar ni aceptará “chicanas” que intenten bloquear la prosecución de las investigaciones.
Lava Jato metió a la cárcel a exsenadores, exdiputados, miembros del gabinete presidencial y al multimillonario propietario de Odebrecht. Una señal que los brasileños de a pie ven como positiva y hasta causa verdadera envidia a pobladores de otros países, como el nuestro. Estas exautoridades fueron acusadas de asociación criminal, lavado de dinero y de otros delitos.
La causa llega a instancias decisivas por una sencilla razón: la independencia del Poder Judicial, que recurrió a la transparencia como uno de los factores para consolidar su funcionamiento sin temor a que por tráfico de influencias algún político de poca o mucha monta quede exento de parar tras la rejas si cometió algún ilícito.
En la web (http://www2.stf.jus.br) del Supremo brasileño se lee claramente que “El artículo 93, IX, de la Constitución de 1988 prescribe que “todos los juzgamientos de los órganos del Poder Judicial serán públicos (...), pudiendo la ley limitar la presencia, en determinados actos, a las propias partes y a sus abogados, o solamente a estos, en casos en los cuales la preservación del derecho a la intimidad del interesado en el sigilo no perjudique el interés público a la información”.
Y por si quede alguna duda, indica además: “Los debates son transmitidos en vivo por la TV Justicia, canal abierto de televisión, y por la Radio Justicia, ambos con alcance en todo el territorio nacional”.
Al menos después del “Lava Jato”, un buen número de brasileños tiene la certeza de que el peso de la ley, sea un Jorginho, Lula, el jefe del Senado, el líder de los diputados o presidente de la República, les cae a todos por igual.
viviana@abc.com.py