La nueva fiscala general lucía muy contenta el día de su nombramiento-juramento, a pesar del vacío en el acto de su representada: la sociedad paraguaya, que según el artículo 266 de la Constitución, es a quien debe representar ante los órganos jurisdiccionales del Estado.
En medio de políticos, que antes se hacían rogar, pero en el día del juramento le sonrían complacientes, la nueva actora entra y se ubica en un escenario neta y cerradamente político, en vez de hacerlo en el plano social para dar cumplimiento a su rol constitucional de representarnos a los no políticos, a los no uniformados, a los no autoridades.
El Ejecutivo, verdadero dueño de la marca victoriosa, en la disputa por el cargo entre sectas políticas, castas partidistas y mafias privadas, pretendió encubrir el borroso proceso de nombramiento con un eufórico mensaje de Twitter que saluda a la “primera mujer fiscal general del Estado”, como si el hecho de ser mujer y ser la primera garantizan la probidad requerida para el cargo, y por sobre todo que sepa representar a la sociedad y no a los intereses de quienes la nombraron.
La sociedad tendrá que volver a esperar. Tal vez con la excepción de los tres primeros fiscales de la era democrática, los fiscales generales no resistieron la tentación de convertirse en instrumentos políticos de los caciques de turno, y éstos tampoco dejan pasar la oportunidad de contar con ellos como resortes fundamentales de la impunidad.
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Dicen dentro de la institución que el único cambio que se produce con cada cambio de guardia en la institución es el cambio de teléfono del titular. Nunca el presidente, los senadores y diputados llaman al mismo número para ser atendidos en busca de impunidad.
En notas anteriores hemos publicado que “La corrupción funciona en el Paraguay como una gran pirámide” (http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/la-corrupcion-funciona-en-el-paraguay-como-una-gran-piramide-1661872.html) y en la escala de uno al doce, este corresponde al titular del Ejecutivo que tiene la última palabra; por debajo se encuentran la rosca presidencial que trafica influencia: la Corte Suprema que define o cajonea, según las instrucciones recibidas; los magistrados que condenan o perdonan y luego se encuentra el Ministerio Público que tienen el poder de investigar para apretar, aflojar o liberar a los sospechosos.
No quiero aguar la fiesta de la nueva fiscala general en el festejo de su nombramiento, pero es mi deber avisarle que ella misma se puso la soga al cuello al afirmar: “No voy a perdonar un acto de corrupción, ahí me van a conocer. No voy a defraudar en mis funciones, si lo hago, recuérdenmelo”.
Si va a ser así como dice, muchos de los que votaron por su nombramiento deben estar muy preocupados, desde el número más alto de la pirámide hasta el último.
Lo que dijo la nueva fiscala afecta al presidente, a su rosca palaciega, a los ministros de la Corte, a jueces y otros fiscales, policías, ordenadores de gastos, miembros de Consejos, técnicos que preparan pliegos de licitaciones, jefes de áreas, dictaminadores jurídicos y técnicos y funcionarios comunes.
¿Tendrá la fuerza para enfrentarse a todos? O como ocurre siempre, ¿será mejor ponerse del lado de quienes conforman la Gran Pirámide de este país? Pienso que la nueva fiscala debería ir practicando la respuesta: “...su orden señor”, aunque no niego la tentación de sentarme a esperar que cumpla la promesa de: “ahí me van a conocer”.