Conforme lo había dicho varias veces en la campaña, Abdo respondió que no la buscará, pero abrió las puertas a conversar sobre una reforma de la Constitución que habilite la figura.
“Voy a ver una vez culminado este proceso electoral, que todavía falta iniciar un diálogo con los demás partidos políticos sobre la necesidad de hablar de una reforma constitucional, que a lo mejor lo podemos hacer al inicio de 2019 con consenso mínimo previo, dentro de esos consensos puede estar la figura de la reelección… pero el que convoca, para que tenga autoridad política y moral de pedirle al resto de la fuerza política inspirémonos en el patriotismo y en el desarrollo de la nación y no defendamos intereses personales, quien convoca tiene que dar el ejemplo. Entonces mi compromiso con la ciudadanía es que (...) yo no puedo ser beneficiado de manera directa con ninguna modificación”.
De hecho la posibilidad de una reforma constitucional se convertirá sin dudas en uno de los principales temas políticos una vez que asuma el próximo gobierno, desde el 15 de agosto en adelante.
Y más allá de que creamos que la mayoría de nuestros problemas no deviene del marco constitucional, sino de la falta de respeto este, es fundamental llamar la atención sobre un punto.
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Para declarar la necesidad de reforma de la Constitución se necesita indefectiblemente una mayoría absoluta de dos tercios en cada cámara del Congreso, es decir un mínimo de 53 diputados y 30 senadores.
Creemos que esto será posible, considerando que tanto Horacio Cartes como Fernando Lugo han buscado ya la reelección a través de la vía de la enmienda, sin importar las consecuencias, y existe ahora la posibilidad de negociar una reforma y otros temas, incluso con aquellos que se habían opuesto.
Si logran los votos y una vez que los congresistas declaren la reforma, será el Tribunal Superior de Justicia Electoral el que deba convocar a elecciones nacionales dentro del plazo de ciento ochenta días, para elegir a un máximo de ciento veinticinco convencionales que deberán integrar la Convención Nacional Constituyente.
Un máximo de ciento veinticinco, porque debe ser una ley la que establezca el número, no mayor que la cantidad actual de congresistas; y las condiciones de elegibilidad de los convencionales y sus incompatibilidades.
El punto fundamental es este: antes de embarcarnos en una Constituyente, debemos necesariamente revisar nuestro caduco código electoral.
Ir a una elección de convencionales en estas condiciones, supondrá volver a repetir los mismos vicios y defectos.
Es fundamental por ejemplo el permitir el desbloqueo en las internas partidarias, caso contrario serán nuevamente los patrones de los movimientos los que impondrán el orden de la lista a sus partidarios, sin que estos puedan premiar o castigar a quienes así lo deseen, mezclándose gente no resistida, utilizada como anzuelo, con los sospechosos de siempre.
El otro punto esencial es el poder controlar la financiación de esas campañas internas, para ponerle un cerco al financiamiento con dinero proveniente de actividades criminales como el contrabando o el narcotráfico.
Antes de elegir convencionales constituyentes, merecemos también una discusión amplia sobre si seguiremos optando o no por el sistema d’Hondt, que tiende a favorecer a los partidos grandes, más que otros sistemas proporcionales.
¿Seguirán estando en las mesas personas propuestas por los partidos principales? ¿O serán ciudadanos escogidos por medio de un sorteo y con una conveniente capacitación cívica?
Estos y otros temas deben ser claramente debatidos y definidos dentro de una reforma de nuestro sistema electoral antes de pensar en una Constituyente.
Caso contrario, caeremos nuevamente en una trampa que solo legalizará algo tan complejo, ambicioso y riesgoso, como la posibilidad de reformar una Constitución vigente ya hace más de un cuarto de siglo.
guille@abc.com.py