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Antes de la sesión extraordinaria de este viernes circulaba insistentemente el rumor de que a la terna ingresarían las doctoras Carolina Llanes y Alma Méndez, a quienes ese mismo rumor atribuía el ser candidatas del presidente y vicepresidente, respectivamente, planteando incluso la designación de un nuevo ministro de la Corte como una pulseada entre el uno y el dos del Ejecutivo.
Fue la especulación que se instaló con fuerza en los días previos y durante toda la mañana del viernes, y que entrada la noche tomó forma en la terna que elaboraron los ocho miembros del Consejo.
De este modo el proceso de selección de los ternados para la Corte deja una sensación ambivalente, por un lado los escogidos no tienen reproches que los descalifiquen como candidatos para el cargo, por el otro, la sensación de que ya todo estaba negociado políticamente y de que el proceso de votación final se asemejó más a una representación actoral para las cámaras que transmitían en directo la sesión.
Pero el del viernes ya fue el desenlace de lo que empezó a tomar forma el lunes pasado.
Ese día, los ocho miembros del Consejo se pusieron de acuerdo para apagar las luces de la transparencia y dejar de transmitir la sesión en la que discrecionalmente adjudicaron los porcentajes sobre la honorabilidad y el desempeño en las audiencias de cada candidato.
Una ley que fue sancionada apenas el mes pasado los obligaba a transmitir en vivo la sesión y a fundamentar oralmente sus decisiones. Pero Claudio Bacchetta, Roberto González, Carlos Cabrera, Adrián Salas, Cristian Kriskovich, Juan Bartolomé Ramírez, Luis María Benítez Riera y Osvaldo González Ferreira se pusieron de acuerdo para no transmitir la sesión alegando que se hablaría de la honorabilidad de los postulantes.
Para ello argumentaron que un artículo de la ley les permite el tratamiento de forma reservada, aunque omitieron que el espíritu es que esto debería ser excepcional y para aspectos muy puntuales de un caso, y no para la esencia y naturaleza misma de la sesión, que era adjudicar hasta un 30 por ciento a cada candidato.
Con ese argumento y si actúan corporativamente entonces, podrían seguir poniéndose de acuerdo para evitar la transparencia de muchas otras decisiones.
Pero además, resulta paradójico que dispongan el carácter reservado de una sesión, cuando que en las audiencias que fueron públicas, cualquier persona común pudo haber planteado los cuestionamientos que quisiese sobre los candidatos, que decidieron postularse aceptando esas reglas.
“Yo me siento perjudicado” nos decía con razón en la 730AM, José Casañas Levi, quien estaba segundo entre los postulantes mejor puntuados antes de esa sesión, y luego de ella quedó muy lejos en los porcentajes y sin conocer los motivos.
Un recurso de amparo que se planteó y concedió luego, sirvió parcialmente para conocer las frías actas en las que ya no es posible medir las dudas, los silencios y la debilidad en los argumentos de una exposición oral.
Adjudicar discrecionalmente porcentajes sin tener que fundamentarlo públicamente es ir contra el principio republicano de dar transparencia a los actos de gobierno y de rendir cuentas sobre estos actos.
Los ocho miembros del Consejo produjeron un apagón democrático que poco favor le hace a la sensación de que la justicia sigue respondiendo a intereses de grupos particulares.
guille@abc.com.py