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Apuntes para De Vargas

Este artículo tiene 10 años de antigüedad

Luisa Armoa Giménez tenía 34 años y llevaba en su vientre a su noveno hijo, con ocho meses de gestación. Su pareja salió a trabajar y quedó sola en la casa. Dos desconocidos, cuchillo en mano, la obligaron a entregar la alcancía donde guardaban los ahorros, G. 4 millones. La tomaron del cuello, la arrojaron violentamente contra la pared.

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Unas horas después, a raíz de la hemorragia producida por los golpes y el shock, falleció el bebé. Más tarde, y tras relatar a los funcionarios lo ocurrido, Luisa también pereció. No hubo testigos y poco se sabe de los autores.

Por otro lado, Darío Ramón González Silvero, cobrador, fue secuestrado un domingo. Le envió un mensaje de audio vía WhatsApp a su hermana pidiéndole que junte 20.000 dólares porque lo tenían secuestrado agentes de la Senad y de la Policía Nacional, que si no pagaba lo matarían. Su cuerpo flotó tres días después en el río Monday. Tenía al menos cuatro balazos en la cabeza. Dos brasileños están siendo buscados por el crimen. Nadie aclaró aún si hubo o no policías involucrados.

Ireneo Amarilla tenía una casa de empeños en Hernandarias. Un sábado, sicarios le dispararon un tiro en la cabeza y huyeron a bordo de un taxi hasta Ciudad del Este, donde se enfrentaron a balazos contra dos policías. El suboficial Freddy Jara falleció en consecuencia y fue herido el suboficial Carlos Ruiz Díaz. Los malvivientes asaltaron a un sacerdote, se llevaron su auto y terminaron en Presidente Franco. Allí subieron a dos mototaxis y cruzaron a Brasil. Según los investigadores, Ireneo fue testigo de otro asesinato, ocurrido años antes, y por eso habrían ordenado su muerte.

Son solo tres violentas historias de las tantas que se dan en Ciudad del Este, en esta urbe peligrosa, insegura, donde se pierde la vida por un celular, por una alcancía familiar, donde hay que circular con lo indispensable. Y nunca se sabe, al cruzarse con policías, si se trata de los buenos o de los malos.

Está visto que es urgente mejorar los sistemas de prevención y represión de delitos. Según cifras oficiales, en Alto Paraná hay solo 475 policías por turno en las calles, para una población de 900.000 habitantes. En las comisarías no hay vehículos, chalecos antibalas y, muchas veces, tampoco hay ánimo suficiente.

Desde el Ministerio del Interior, manejado por el “inamovible” Francisco de Vargas, se repite que los índices de inseguridad descendieron, que estamos bien. Siendo así, las cosas están muy lejos de mejorar.

mariana.ladaga@abc.com.py

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