Se ha vuelto usual ver a candidatos a jueces, fiscales o miembros de Corte haciendo pasillo esperando ser recibidos por senadores, diputados o autoridades partidarias, con el objetivo de asegurar que al menos serán incluidos en las ternas de candidatos. Después se inicia una segunda ronda para lograr la bendición y ser designados. Se crea así un sistema que funciona exclusivamente de acuerdos a las necesidades políticas y solo ocasionalmente en función a cuestiones jurídicas.
En ese esq uema no resulta raro que las causas abiertas contra parlamentarios o autoridades partidarias lleven años en el Poder Judicial para finalmente ser archivadas. Es la impunidad en su estado más puro.
Algunos pretenden justificar el modelo alegando que el sistema de selección es el causante del vicio judicial. Que cambiando el sistema para escoger a jueces todo se resolverá. Sin embargo, la realidad muestra claramente que el problema no pasa necesariamente por el sistema de selección. Existe algo mucho más profundo. Es un juego de intereses de doble vía donde los jueces se prestan a maniobras para mantener sus cargos y los políticos dan su bendición a cambio de beneficios.
No es casual que el pedido de juicio político a tres miembros de la Corte Suprema de Justicia esté parado hace meses en la Cámara de Senadores. Mantener a los jueces de la máxima instancia judicial en sus cargos asegura un poderoso barniz de impunidad y habilita a privilegios en la estructura judicial.
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Explica cómo a mitad de semana una cuestionada abogada, salpicada en manejos administrativos poco claros pero con nexos políticos, jure en solitario en presencia del exministro del Interior Rafael Filizzola, procesado, y ante Óscar Bajac, miembro de la Corte enjuiciado políticamente.
O que a mediados de semana, la Sala Constitucional de la Corte integrada otra vez por Bajac junto con César Garay, dos jueces en trámite de juicio político, emitan un fallo pasando por alto la decisión coincidente de dos instancias inferiores para poner al borde de la impunidad al exministro Filizzola, el mismo que tiene a su esposa senadora como una de las más férreas críticas del juicio político a tres miembros de la Corte.
Es la misma justicia que hace unas semanas, resolución de juez mediante, freno temporalmente el traslado de uno de los criminales más temidos que tenía montada toda una oficina en pleno penal de Tacumbú y que en algún momento fue denunciado por recibir a políticos en su lugar de reclusión.
Son los mismos políticos que a inicios de semana se reunieron y creyeron más conveniente acordar que el pedido de juicio político a dos miembros más de la Corte Suprema de Justicia debería ser archivado sin más trámite para asegurar también su propio pedazo en la torta judicial.
Estos son apenas los casos más visibles y recientes que saltan a los medios por el juego de intereses cruzados. Son muchos más los que no se conocen y se negocian a diario en los pasillos del Poder Judicial o en las oficinas de dirigentes políticos.
La justicia es un elemento fundacional en toda organización humana. En gran medida, el éxito del sistema está atado a su buen funcionamiento. Repartir impunidad puede ser el camino para ayudar a algunos amigos a salir de situaciones comprometidas; pero en el largo plazo es la senda para terminar destruyendo la convivencia social porque el problema fundamental no es la corrupción. Lo realmente dramático es la impunidad con que ciertos sectores se manejan.
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