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Aquella manifestación siguió a la del año anterior, la huelga general organizada por la Confederación Paraguaya de Trabajadores, que por entonces estaba aún en manos de sindicalistas con trayectoria de lucha, pero con identidad colorada al igual que los directivos del Centro Estudiantil 23 de Octubre.
Al iniciarse el acto ingresaron a actuar con violencia los miembros de la Policía, arrojando como saldo numerosos estudiantes heridos y golpeados, personas que concurrieron a adherirse a la convocatoria por coincidir con la protesta. Fueron golpeados también los diputados colorados Miguel Ángel González Casabianca (Toto) y Fulgencio Aldana.
La Cámara de Representantes, entonces unicameral e integrada únicamente por colorados, dio entrada y escuchó la denuncia de sus miembros afectados por la represión policial, a raíz de lo cual hizo un repudio público y firme además de solicitar la renuncia del influyente jefe de policía, general Duarte Vera. Se pasaron los antecedentes a la justicia.
Ese día, la sesión fue presidida por Waldino Ramón Lovera, dado que el presidente J. Eulogio Estigarribia se ausentó; dicen por orden de Stroessner. No obstante, la votación fue de 36 a favor y 21 en contra. Eran tiempos en que los fueros parlamentarios eran defendidos por los que valían en sí, no como hoy para proteger y blindar a los parlamentarios que cometen fechorías.
Viene a cuento esta larga introducción para referirme a la noticia que habla de que el Tribunal de Apelaciones, tercera sala, anuló la condena a 12 años del suboficial de policía Benito Joel Sanabria Duarte, que en una instancia anterior resultó culpable del disparo a quemarropa contra el diputado liberal Édgar Acosta, quien se manifestó en contra del avance de la reelección inconstitucional del entonces presidente Horacio Cartes.
El diputado Acosta fue abatido de un escopetazo que impactó en su rostro, lo cual prácticamente le destruyó la boca, interna y externamente. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente varias veces fuera del país, por la delicadeza de las operaciones.
Las víctimas tuvieron que conformarse con escuchar voces de repudio a la represión, pero de manera individual, no de manera colectiva y colegiada como lo hizo la Cámara de Representantes en su momento, sin importar las consecuencias ni las reacciones de un entonces aún pichón de autócrata.
De hecho, el apoyo que dio la Cámara de aquella época a sus miembros violentados y la exigencia de sancionar al responsable de la represión molestó sobremanera al dictador, quien no pudo continuar ocultando su verdadera identidad. Se sacó la careta y disolvió la Cámara. Si la disolvió y detuvo a varios de sus miembros y a quienes se adhirieron o solidarizaron con ellos, además de enviar al exilio a los demás.
Los 36 parlamentarios que votaron por el respeto a los fueros legislativos sabían el riesgo que corrían pero optaron por hacerlos respetar, cualquiera sea el costo. Lo que pasó con el diputado Acosta fue mucho más grave que los golpes con yataganes, atropellos de la montada y otros tipos de agresiones, pero el colegiado legislativo no supo estar a la altura de sus responsabilidades. Tuvo una pálida actuación en defensa de la persona y de los fueros, lo cual se refleja hoy en la revisión de la condena al delincuente que no dudó en jugarlo a matar para quedar bien con los superiores. No sería raro que pronto esté en libertad.
A veces es saludable recurrir a las “odiosas” comparaciones, como en este caso entre lo sucedido en 1959 y el 31 de marzo de 2017. Siempre se aprende algo y ayuda a ver quiénes son hoy cobardes y quiénes autócratas disfrazados de demócratas.
ebritez@abc.com.py