La postura es compartida por directivos del Partido Democrático Progresista y otros que, si bien no anteponen la reforma electoral, consideran que el problema constitucional del país no radica en el texto de la Carta Magna sino en la interpretación que hacen de la misma los grupos de poder.
El propio titular del Congreso, Beto Ovelar, declaró que a su criterio es mejor continuar con la actual Constitución a pesar de sus lagunas, pero el mismo interpretó que el presidente de la República está conversando con los partidos políticos en sus visitas a las distintas organizaciones partidarias, aventurando inclusive un plazo para la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes: febrero o marzo de 2019.
Debemos reconocer que el presidente de la República solo está siendo coherente hasta ahora con su prédica de campaña: “vamos a buscar la reforma judicial y constitucional”. Si con esa prédica pudo ganar las elecciones, dejemos que el titular del Ejecutivo haga su tarea de “buscar” la reforma de dos cuestiones capitales. Que la busque, pero no que la encuentre ya, como al parecer está ocurriendo con solo algunas visitas.
Para la gente del sector político, del judicial y de la militancia ciudadana con experiencia en los procesos legales, judiciales y constitucionales es bien conocida la receta de que para hablar y plantear una reforma constitucional es necesario un consenso en la ciudadanía sobre la necesidad real de cambiar la Carta Magna para continuar avanzando sin obstáculos.
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Esto significa que es necesario clarificar primero la necesidad del cambio para la sociedad. Si es una necesidad justificada o es una aceptación producto del cansancio producido por los conflictos y las confusiones que provocan deliberadamente los intereses creados metidos en la agenda política.
Definir esa necesidad requiere un amplio y franco diálogo entre todos los actores en un escenario de amplia libertad y preferentemente a distancia prudencial de quienes están imbuidos de autoridad o poder para definir los pasos. En otras palabras, hay un escenario previo de ciudadanía pura que debería mantenerse alejada de la contaminación política y donde debería producirse un debate de la sociedad civil con especial intervención de la Universidad como faro de iluminación social.
Una Constituyente debería ser iniciativa netamente ciudadana que los políticos recogen como inquietud, idea y propuesta para hacerlas pasar por el tamiz de sus respectivos partidos, ideologías y capacidad de movilización para confrontar propuestas y motivar las votaciones que formen el Poder Constituyente.
En este esquema de complicada participación, además de los valores sublimes del consenso, tolerancia y activa participación, se requiere también de una alta cuota de confiabilidad, partiendo de la base de que los políticos buscarán aprovecharse de la oportunidad para eliminar obstáculos que haga posible la perpetuidad en el poder, mediante la flexibilidad de principios que ayuden a dobles interpretaciones que finalmente encuentran solución en simples mayorías.
Está bien que el presidente Abdo Benítez dialogue con los políticos de todos los signos para auscultar el interés de una reforma constitucional y ayuda en algo que anticipe su intención de ser senador vitalicio al final de su mandato.
Sin embargo, su condición de Poder Constituido en un ambiente degradado por la falta de confianza en la clase política que se traduce en el estallido de “escraches” a lo largo y ancho del país, hace que la gente lo confunda con el Poder Constituyente anticipado, ante la falta de un borrador surgido desde abajo sobre lo que “se necesita” cambiar y el salto de etapas incumplidas, como el diálogo previo sobre la necesidad de cambiar o de dejarlo como está.
No ayuda para nada que el presidente se ande reuniendo a puertas cerradas en distintas carpas políticas; que nos enteremos a medias de lo que dice y que nuestras fuentes sean secundarias, todas del único sector donde se maneja el tema: político. Si no hay un debate previo y un borrador consensuado es mejor que la Constitución vigente continúe guiando nuestros pasos, exigiendo –eso sí– a la clase política que sea implacable en cumplir y hacerla cumplir.
ebritez@abc.com.py