Lejos de desautorizar a su ministro, el presidente uruguayo Tavaré Vázquez sostiene la postura de que “no se dan las condiciones” para disparar la cláusula democrática, entrando en debate con el excanciller de su país y actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, para quien Maduro violó la Carta Democrática de la OEA.
Todo parece indicar que existe una concertación externa para contrarrestar el proceso revocatorio interno y tratar de que Maduro extienda al máximo su permanencia en el poder dictatorial.
Puede que el referéndum se realice en el futuro y que el dictador venezolano manipule los resultados para favorecerlo, inclusive no reconocer la victoria del revocatorio aprovechando la situación de permisividad, pero lo grave para los países del Mercosur constituyen las implicancias de la postura uruguaya en relación con el tema, a partir de las palabras de su canciller, apoyada por su presidente Tavaré Vázquez.
La democracia es requisito para integrar el Mercosur y ella se rige por cláusulas escritas y firmadas para que sean cumplidas, a lo que últimamente, a partir del Protocolo de Ushuaia, se agregan sanciones por incumplimiento. En el caso de la sanción a Paraguay en el 2012 se impuso lo político sobre lo jurídico, aún cuando aquí se cumplieron con todos los requisitos constitucionales para sustituir a Lugo.
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Ahora, con la postura de Uruguay de no permitir la sanción a Venezuela porque allá rige una “democracia autoritaria y no se produjo ruptura institucional” que justifique la activación de la cláusula democrática, se abre una ventana de interpretación antojadiza que si no fuera por el peligro que representa quedaría en el olvido de las simples opiniones desatinadas de los hombres públicos.
De imponerse el criterio del canciller uruguayo de que una supuesta “democracia autoritaria” justifica todos los atropellos que un mandatario puede cometer en contra de las normas vigentes en derechos humanos, garantías constitucionales, libertades fundamentales, separación de los poderes del Estado e independencia del Poder Judicial, la imposición de sanciones a los gobernantes antidemocráticos o la impunidad a los mismos quedan al arbitrio de simples agentes ideológicos.
Con esta interpretación se da carta blanca a los demagogos para engañar a la población haciéndose elegir y reelegir por encima de las limitaciones constitucionales, someter a los demás poderes colocando al frente de los mismos a personajes adyectos y adulones, pero conservando las instituciones como cáscaras vacías de contenido, apoyadas por un ejército de militares alienados y civiles fanatizados.
La democracia debe seguir siendo el gobierno del pueblo para el pueblo y no en contra del pueblo, como en Venezuela. Con la supuesta “democracia autoritaria” se busca equiparar a los autoritarios con los demócratas y se abandona a los pueblos a la indefensión frente al abuso y el atropello a sus libertades y derechos elementales, tal como lo hemos soportado los paraguayos con una dictadura de 35 años que también contaba con una Constitución, varios partidos participantes y los demás poderes funcionando, es decir, sin ruptura institucional.
Adoptar el criterio de Uruguay en Mercosur sería volver al pasado que ya hemos abandonado, pero que aún no lo hemos sepultado, razón del peligro real que representa para nuestro país la postura uruguaya.
ebritez@abc.com.py