Cargando...
Para esquivar la acción de la justicia que podría condenarlos, los acusados de esta monumental estafa recusaron al juez de garantía, Gustavo Amarilla, por “preopinar”. Se trata de un recurso para dilatar el momento en que los procesados deberán enfrentar el juicio oral y público. Por la inmensa cantidad de pruebas que acopiaron los fiscales en una minuciosa investigación, los supuestos responsables de la estafa y lesión de confianza están seguros de que serán necesariamente condenados. Por eso los abogados hacen cualquier cosa con tal de que no llegue el instante de la rendición de cuenta a la sociedad.
Hace un mes los exministros plantearon reparar el daño para eludir el juicio oral y público. En esta audiencia preliminar no se presentó Enzo Cardozo porque, según el certificado médico, tenía dengue. Fue en esa ocasión que los abogados habían planteado “reparar el daño causado al Estado Paraguayo” y poner fin a este melodrama judicial que ya dura más de dos años. Pero este ofrecimiento –a más de la aceptación de los hechos delictivos- es sólo otro de los pretextos para continuar en la impunidad. Los procesados por estafa y lesión de confianza saben que será una tarea imposible determinar cuánto corresponde, a cada uno, devolver al Estado los sesenta y ocho mil millones de guaraníes.
En este elenco figura también como protagonista Silvio Riveros, que aparece como presidente de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenapropfh). Esta entidad, organizada para llevar adelante el proyecto de la fenomenal estafa, recibía el dinero del Ministerio de Agricultura mediante resoluciones firmadas por Enzo Cardozo y Rody Godoy en complicidad con algunos funcionarios. Los cheques iban a la cuenta personal de Riveros, quien luego disponía del dinero público a su antojo. Fue así, de acuerdo con los documentos, que se había comprado en Ybycuí un terreno por tres mil doscientos millones de guaraníes, al contado. Además, lujosos vehículos, residencias, otras propiedades, etc.
Comprar facturas en blanco y llenarlas con sobrecostos de supuestos insumos para los pequeños productores era una de las formas para estafar al Estado.
Agromaq fue una de las empresas que daba la factura en blanco. Su propietario, Ronald Guerrero, declaró ante la Fiscalía de Delitos Económicos, entonces atendida por Claudia Crisccioni, por una factura de más de cinco mil millones de guaraníes por la que Silvio Riveros le pagó ciento treinta millones de guaraníes. Guerrero recibió setenta millones. “El resto –dice el comerciante– me entregó en el Carmelitas Center. Justo en esos momentos el ministro Enzo Cardozo estaba realizando su informe de gestión, ya que estaba renunciando al cargo (para presentarse como candidato a senador por el Partido Liberal) y fue ahí donde me citó Silvio Riveros para entregarme el dinero”.
¿En presencia de Enzo Cardozo? ¿Y él nada preguntó? Si no lo hizo habrá sido porque estaba al tanto del “negocio” de Silvio Riveros y Ronald Guerrero. Es impensable, desde luego, que Cardozo no supiera cómo se gastaba la cuantiosa suma que daba a la Fenaprophf sin ningún control. En todo caso, el control se habría hecho en otra instancia.
Por todas las chicanas a las que acuden los abogados es de presumir que también este caso quedará en “aguas de borraja”.
Nada alienta tanto la corrupción como la impunidad.
alcibiades@abc.com.py