Lo que acontece con esta escuela, que desde hace más de medio siglo viene formando a hijas e hijos de campesinos en el conocimiento de la producción agrícola, tira por tierra los discursos oportunistas de políticos y funcionarios sobre su “interés” y “preocupación” por la educación de los jóvenes, especialmente del sector rural, el más relegado y empobrecido de los sectores sociales, en un país eminentemente agrícola y pecuario, que ocupa los primeros niveles mundiales en exportación de soja, carne, entre otros, pero con la desgracia de estar gobernado por una “clase dirigente” hipócrita cada vez más opulenta.
Desnuda también la desidia, el nulo interés de los representantes del Ministerio Público, pues pese a las denuncias formales que datan de agosto del año pasado, poco o nada hicieron para poner fin a un conflicto que amenaza la continuidad de la institución educativa.
El conflicto va adquiriendo cada vez mayor grado de intensidad, al punto que hace dos semanas un hombre murió tras recibir un disparo de pistola en la cabeza, durante un enfrentamiento entre dos grupos que disputan el espacio del inmueble ocupado.
El fiscal general adjunto, Edwar Irala, había designado inicialmente a los fiscales Blanca Saucedo, Helios Cuellar y María del Carmen Palazón, sustituida por el fiscal Édgar Ortiz en la fiscalía zonal de Alto Vera para entender en la causa de invasión de inmueble.
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También se denunciaron delitos contra el ambiente, por la tala de árboles de la reserva forestal, hecho que compete a la titular de la unidad especializada en delitos contra el ambiente, Raquel Bordón. Pero tampoco hay avances en el tema, pese a que dos meses atrás una frondosa comitiva integrada por fiscales, policías, incluso por técnicos del Infona, visitó –literalmente– el lugar.
Para contextualizar: la escuela agrícola San Benito fue fundada hace 53 años por misioneros de la Sociedad del Verbo Divino (SVD), con el objetivo de promover una mejor calidad de vida de las familias campesinas e indígenas a través de la formación y el conocimiento en la producción.
Es una escuela mixta, de modalidad internado, y otorga el título de bachiller técnico agropecuario, lo que les abre las puertas a la educación superior. Para los varones tiene el plus de permitirles cumplir con el servicio militar obligatorio.
Está asentada en un predio de 2.040 hectáreas, y ubicada en el límite entre los distritos de Pirapó y Alto Verá, al norte del departamento de Itapúa. Dispone de chacras experimentales, talleres, un aserradero, cultivos de árboles frutales y de especies exóticas, y una reserva de bosque nativo que es depredada por los invasores.
En el 2009 la SVD alquiló la escuela a un matrimonio, educadores de origen brasileño, y con este acontecimiento el conflicto recrudeció.
Los avivados de siempre, entre ellos invasores profesionales y politiqueros busca-votos que se aprovechan del drama social que existe detrás del problema de distribución de la tierra, alentaron la ocupación. Ahora, cuatro diferentes grupos reclaman para sí un supuesto “excedente fiscal”.
En nuestro país existe un problema con la distribución de la tierra, producto de la corrupción –cuando no– con que manejaron durante décadas los famosos planes de reforma agraria. Es una herencia maldita cuya solución requiere voluntad política y valor de los administradores de turno.
En el caso de la escuela San Benito no existen argumentos valederos para reclamar sus tierras, pues nadie duda de la función que cumplen. El silencio de la dirigencia política ante este tema es sumamente llamativo, y solamente se puede explicar por la cobardía y el oportunismo ante una situación de supuesta “sensibilidad social”.
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